Contexto/Fernando Ramírez de Aguilar L. 

Deficientes integraciones de las carpetas de investigación y falta de capacitación de los empleados judiciales y de la procuración de justicia.

Buena parte de los ataques de Andrés Manuel López Obrador tanto a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación como a los magistrados y jueces federales tienen que ver con resoluciones, ciertamente polémicas, pero que de ninguna manera se deben a consignas de “la mafia del poder”. Obedecen, la mayoría de ellas, a las deficientes integraciones de las carpetas de investigación con que los fiscales sostienen sus acusaciones en contra de presuntos criminales.

Desde la entrada en vigor, en todo el territorio nacional, del llamado “nuevo” Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, tanto en el fuero federal como en las entidades federativas, aún se siguen levantando voces críticas decretando el “fracaso” de dicho sistema de procuración, impartición y ejecución de justicia punitiva.

En su conjunto, muchos académicos analistas y juristas prestigiosos hablan solamente de un simple “colapso” en los procedimientos de gestión que realizan las instituciones encargadas de procurar justicia, llámense fiscalías o procuradurías, mientras que otros hacen referencia sólo al “peligro” de que se vicie o contamine dicho sistema con prácticas propias de la anterior forma de proceder penalmente en contra de los posibles responsables de hechos delictivos.

La mayoría de las críticas se enfocan en la deficiente capacitación de los operadores jurídicos del sistema —elementos de las policías preventivas o investigadoras, peritos, agentes del ministerio público, jueces y magistrados estatales —, así como de la insuficiente educación continua de los abogados postulantes y estudiantes de la carrera de derecho; también en la ineficiente realización de los procedimientos policiales y ministeriales para investigar los delitos e integrar, de manera adecuada, las carpetas de investigación.

De hecho, los únicos que se salvan, son los integrantes del Poder Judicial de la Federación que continuamente son sometidos a cursos de actualización en todos sus niveles. Sin embargo, el servicio civil de carrera ahora está en peligro ante las amenazas del gobierno de Andrés Manuel López Obrador que, con una ignorancia supina y una venganza atroz, pretende llevar a cabo una reforma constitucional, con el respaldo de los legisladores de Morena, y de los partidos del Trabajo y Verde Ecologista, para que los juzgadores sean elegidos mediante el voto popular y no mediante la carrera escalonaria que da el servicio profesional de carrera.

Hace siete años, el ministro de carrera judicial, Luis María Aguilar Morales, cuando era presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al dirigirse a los jueces federales en el “Encuentro de Jueces del Nuevo Sistema de Justicia Penal: Intercambio de Experiencias sobre la Operación de Centros de Justicia”, expresó: “Si no se fija como meta una justicia de calidad para los mexicanos, el Nuevo Sistema de Justicia Penal (NSJP) corre el riesgo de viciarse, generar inercias burocráticas y tener alcances limitados, contrarios a los propios reclamos que le dieron vida”. Y agregó: “Estamos aún en la etapa de las judicializaciones por pura flagrancia, de delitos de menor impacto y, en general, de cargas muy por debajo de lo que a estas alturas ya debería ser”.

Hace poco más de un año, también Diego Valadez Ríos, ex procurador general de la República, y exministro de la Suprema Corte de Justicia y ex director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, advirtió sobre diversas inconsistencias académicas en la implementación del Sistema de Justicia Penal, entre las cuales se encuentran “la falta de colegiación de los abogados postulantes o la preparación inadecuada de los jóvenes en las escuelas e instituciones de educación superior”, lo cual podría generar “las condiciones del fracaso de este nuevo sistema de justicia.

Otros académicos han sostenido que el Sistema de Justicia Penal no funcionará si los operadores del sistema no se encuentran debidamente “preparados” y no cuentan con los suficientes conocimientos, haciendo énfasis en que es necesaria una mayor preparación técnica de los peritos, cuyas deficiencias consideraron como un “foco rojo”, al ser un área estratégica.

En el sentido, tanto al gobierno federal como a los gobiernos estatales les ha faltado autocrítica de que muchas de las investigaciones criminales han fracasado porque no hay abogados preparados, escuelas que los formen, no hay personal en el ámbito de las procuradurías ni de las policías, ya preparados para atender las nuevas exigencias que demanda el nuevo modelo, ni tienen tampoco los controles suficientes, cuando la mayor parte de los asuntos serán objeto de la negociación entre postulantes defensores y acusadores.

La capacitación oportuna y adecuada de todos aquellos servidores públicos en quienes recaiga la responsabilidad de la implementación y operación de este nuevo procedimiento, se presenta como una necesidad impostergable y de enorme trascendencia; así también deben dejarse atrás vicios e inercias que marcaron el procedimiento anterior, y que en buena medida fueron causa de esta transformación.

Los constantes ataques, insultos y desencuentros con el Poder Judicial de la Federación por parte del Ejecutivo son una muestra clara y contundente de que este gobierno no respeta la división de poderes ni tampoco hace bien su trabajo, pues contrata a personas que no son aptas para desempeñar tareas especializadas, como la jurídica. Y luego acusa a los ministros, magistrados y jueces de los reveses recibidos. Y no es haciendo una reforma para elegir a los juzgadores como se resolverá el problema de impartición de justicia, sino contratando y capacitando a los profesionales del derecho para que hagan bien su trabajo. Eso es todo. ¿0 no?