Contexto/Fernando Ramírez de Aguilar L. 

Más allá de los Fideicomisos del Poder Judicial de la Federación, en entredicho la división de poderes. 

Independientemente de las marchas y manifestaciones realizadas hasta ahora por los trabajadores del Poder Judicial de la Federación en defensa de su patrimonio, ahorros y prestaciones sociales, las descalificaciones y los insultos del presidente Andrés Manuel López Obrador, muestran a un tipo mentiroso, rencoroso, iracundo y que quiere desmantelar a la fuerza a uno de los tres poderes de la Unión, de una manera inaudita, autoritaria e irracional.

Porque cuando desde su soliloquio mañanero, hace acusaciones al Poder Judicial de la Federación, no se está dirigiendo a personas poco preparadas o serviles con las que trabaja, que se quedarán en silencio, no entiende que en el Poder Judicial de la Federación se va a encontrar a personas que no se dedican a la política barata y de banqueta, sino al estudio y profesionalización. No respeta su trabajo, y continua con sus falacias o mentiras, denostando a todos, ministros, magistrados, jueces, secretarios, actuarios, secretarias, analistas, archivistas, etc.

Pero más allá de los Fideicomisos del Poder Judicial de la Federación, su transparencia y su legalidad, cuya revisión en su caso, correspondería a la Auditoría Superior de la Federación, habría que analizar si López Obrador, en calidad de titular del Ejecutivo Federal y la Cámara de Diputados, no violaron la autonomía presupuestal de otro poder de la unión.

El artículo 49 constitucional establece que “el Supremo Poder de la Federación se divide para su ejercicio en Legislativo, Ejecutivo y Judicial”. En ese sentido, los órganos constitucionales autónomos surgen como una respuesta para equilibrar el ejercicio de los poderes tradicionales, es decir, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, pues éstos se han visto rebasados a través de los cambios y las exigencias sociales, lo que ha conducido a la necesidad de incorporar elementos adicionales que coadyuven en el sistema de pesos y contrapesos del poder público que contribuyen al cumplimiento efectivo de las responsabilidades constitucionales del Estado.

Diversos autores como Omar García Huante, Jaime Cárdenas, José Luis Caballero Ochoa, entre otros, sostienen que el principio de la división de poderes necesita una reconfiguración, en virtud de que ha ido evolucionando, “incorporando” a los órganos constitucionales autónomos. En nuestro país, dichos órganos comenzaron a tener auge a partir de la década de los noventa, proliferando entre los años 2013 y 2014; teniendo hoy en día los siguientes: Banco de México (Banxico), Instituto Nacional Electoral (INE), Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval); Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi); Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece); Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) y la Fiscalía General de la República (FGR).

Recientemente, el presidente de la república Andrés Manuel López Obrador ha sugerido la posible extinción de diversos órganos constitucionales autónomos. Desde su particular perspectiva, estos órganos solamente han servido como tapaderas y no han logrado los resultados para los cuales fueron creados, además de que su mantenimiento resulta muy costoso para el Estado.

Independientemente de lo que ocurra en el Senado de la República con respecto a los Fideicomisos del Poder Judicial de la Federación y de los fondos que tenían resguardados, de acuerdo a la Constitución y a los amparos interpuestos, será nuevamente el pleno de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación quien tenga que resolver este conflicto generado por López Obrador, quien ayer, en la mañanera, planteó que aporten su opinión “abogados serios, aunque no estén con nosotros, profesionales, si con esa decisión que piensan tomar no se rompe el orden constitucional y se afecta la división y el equilibrio entre los poderes. Porque es facultad exclusiva de la Cámara de Diputados aprobar el presupuesto, de acuerdo a la Constitución. Entonces, si el Poder Judicial le corrige la plana, ¿en qué se convierte entonces el Poder Judicial? En el supremo poder conservador.

Y ya, de refilón, dejó entrever en que va utilizar los fondos de esos fideicomisos, muchos de los cuales son ahorros de los propios trabajadores del poder judicial. El jueves pasado, en su soliloquio, dijo:

“Que estén conscientes los trabajadores (del Poder Judicial) que ellos no van a salir perjudicados en nada. Es mi palabra y soy un hombre de palabra y los compromisos se cumplen y, si hay un trabajador que va a recibir menos de su salario o se le van a quitar prestaciones, nosotros somos avales. Yo soy la garantía de que no se les va a tocar absolutamente nada de sus sueldos, de sus prestaciones”.

Y remató, tratando de emular a Benito Juárez, olvidando que el prócer oaxaqueño surgió del Poder Judicial antes de asumir la presidencia de la República: “No tiene que ver con los 50 mil trabajadores del Poder Judicial. (…) Estoy convencido de que nadie tiene derecho a lo superfluo mientras la mayoría carece de lo indispensable”.

Y añadió:

“El ajuste es arriba. Es que los ministros, magistrados, jueces, ganan mucho y viven colmados de atenciones, de privilegios y es insultante lo que están ganando los ministros, alrededor de 700 mil pesos mensuales y su desempeño es muy precario, hay mucha ineficiencia y, sobre todo, no imparten justicia en beneficio del pueblo, se dedican a proteger intereses de corruptos, ese es su trabajo”. Nuevamente volvió a mentir.

La división de poderes está en peligro por los caprichos de un dictadorzuelo. ¿Cómo ve?