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CIUDAD DE MÉXICO, 25 de noviembre de 2023.- Diputadas y diputados de los partidos Revolucionario Institucional (PRI), Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD) presentaron una acción de inconformidad en contra de la desaparición de los fideicomisos del Poder Judicial de la Federación (PJF).
El coordinador de la bancada del PRI, Rubén Moreira, señaló que esta acción es necesaria para fortalecer la democracia y detener el debilitamiento a la impartición de justicia que se genera con la extinción de estos fideicomisos, recalcando la importancia de mantener los recursos necesarios para la capacitación y seguridad de jueces y magistrados, así como para la infraestructura de nuevas salas, y dar a los trabajadores lo que les corresponde por los ahorros que ellos generaron y que se les desaparece.
Por su parte el diputado Marco Antonio Mendoza afirmó que es importante destacar el intento que hay detrás por desaparecer los fondos, que es una maniobra por debilitar al PJF, ataque que se combatirá con la acción de inconstitucionalidad que se presentó, declarando que el apoyo es total a la gestión de la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña Hernández, quien, dijo, es una mujer que ha sabido conducir al Poder Judicial, pilar de nuestra democracia.
Los legisladores enfatizaron que el decreto viola el principio de división de poderes por limitar la autonomía presupuestaria y técnica del Poder Judicial Federal, con lo que se pone en riesgo la garantía de justicia, ya que se genera una intervención injustificada para regular su propio gasto y se dificulta la toma de decisiones para que el órgano pueda cumplir eficazmente con su labor.
También afirmar que hay fideicomisos que están integrados por aportaciones voluntarias, que al devolverse a la Tesorería de la Federación, actualizan una confiscación, pues son bienes de los particulares, por lo que al no hacer el debido ajuste en la ley para regresar a los trabajadores sus aportaciones, existe una apropiación de sus recursos, sin recibir nada a cambio, convirtiéndose en un castigo a un sector de servidores públicos.
“De no concederse la medida se afectarían irreparablemente los derechos fundamentales y los principios democráticos, ocasionando con ello daños irreversibles para las personas que laboran en el Poder Judicial de la Federación”, destacaron los diputados.