Oran por la paz en el Centro de Chilpancingo
CIUDAD DE MÉXICO, 28 de noviembre de 2023.- Con el propósito de lograr las reformas jurídicas necesarias para instrumentar en la Ciudad de México el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, el Poder Judicial y Congreso capitalinos iniciaron los trabajos para implementar el Capítulo CDMX de esa iniciativa.
El magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia local, Rafael Guerra Álvarez, ha impulsado, junto con el Poder Legislativo de la ciudad y el secretariado técnico de la Coordinación del Sistema de Justicia Civil y Familiar de los Estados Unidos Mexicanos (Cocifam), los esfuerzos para que se definan las bases interinstitucionales y la ruta crítica de acciones, para construir las reformas que integrarán la armonización legislativa requerida, así como las necesidades presupuestales correspondientes.
Gracias a la iniciativa de los poderes de la CDMX, la capital se anticipa a los plazos legales establecidos y así será referente nacional en el desarrollo e instrumentación de un nuevo sistema de justicia, en beneficio de todas aquellas personas que quieren vivir tranquilamente con sus familias y bienes. El reto es importante, considerando que del total de litigios en la CDMX, el 40 por ciento corresponde a temas familiares y 40 por ciento son de carácter civil.
El Poder Judicial de la CDMX ha puesto a disposición su infraestructura física, inmobiliaria, tecnológica y humana, para instrumentar dicho Código Nacional de Justicia Civil y Familiar, con un enfoque de respeto irrestricto de los derechos humanos, acorde con la modernización que el magistrado Guerra Álvarez ha llevado en los procesos de impartición de justicia en la capital del país.
De esta forma, se podrán hacer las adecuaciones para que sistemas, procesos, salas de audiencia orales y demás requerimientos, estén listos para que el nuevo código en materia civil y familiar se aplique en beneficio de los capitalinos.
Y la Cocifam establecerá los estándares, indicadores y apoyo técnico requeridos para este trascendental proyecto, que garantizará el tránsito de competencias autónomas en la materia por parte de los poderes Legislativo y Judicial de la Ciudad de México, con el fin último de asegurar mayor accesibilidad y prontitud en los procedimientos jurisdiccionales.