Violencia gineco-obstétrica debe considerarse delito: especialista

CIUDAD DE MÉXICO, 5 de diciembre de 2023.- La violencia gineco-obstétrica es una práctica extendida en instituciones públicas y privadas, la cual tanto médicos como personal de salud la ejercen en perjuicio de las mujeres en edad reproductiva, estado de embarazo y postparto, explica el abogado penalista José Luis Nassar Peters, quien advierte que debido al crecimiento de víctimas se debe de reconocer este concepto en México y castigarlo.

Tras su participación en el Conversatorio: La violencia gineco-obstétrica en México, en la Cámara de Diputados y en entrevista con Quadratín, el especialista apuntó que en el país sólo cuatro estados, Chiapas, Estado de México, Guerrero y Veracruz, reconocen este delito en su ley general a una vida libre de acceso a la violencia de las mujeres, mientras que en las demás entidades sólo es un concepto administrativo, que no se sanciona de ninguna otra índole.

Existe vacíos legales a los que yo me he enfrentado representando a víctimas de este tipo de género y suplicando poder alzar la voz, para poder tipificar este concepto, a título penal, como bien jurídico tutelado y por ende como delito”, sostuvo el también socio director de Nassar, Nassar y Asociados.

De acuerdo con el Consejo Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), los actos constitutivos de violencia obstétrica más comunes en México son:

• Practicar el parto por cesárea, existiendo las condiciones para realizar un parto natural, sin el consentimiento voluntario, expreso e informado de la mujer.
• Obligar a parir acostada y/o inmovilizada.
• Negar u obstaculizar la posibilidad de cargar y amamantar al bebé o la bebé inmediatamente al nacer y no atender oportuna y eficazmente las emergencias obstétricas.

Nassar Peters expuso que buscan erradicar estos actos y omisiones de carácter violentos, destacando que en comparación de otros países, México se encuentra muy retrasado en este contexto, siendo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ya recomendó penalizar este tipo de crimen.

Esto lamentablemente, no sólo pasa a nivel de salud pública sino también en los servicios médicos privados. ¡Ya no es a la amiga de mi tía!, asa en hospitales públicos, pero también en privados, cada vez hay más víctimas, más desinformación, también en los derechos reproductivos, México está muy atrasado en comparación a lineamientos internacionales”.

Sobre el accionar de la Comisión Nacional de Arbitraje Médico (Conamed), el abogado penalista mostró su desacuerdo en su actuar, porque es la única instancia con la que actualmente se cuenta para hacer este tipo de investigaciones.

Sin embargo, esto presenta dos problemáticas: la primera es que se revierte la carga de la prueba,  la víctima, quien además de haber pasado por la violencia obstétrica tiene la obligación de armar el caso y presentar el proceso administrativo jurídico; la segunda es que el mismo gremio se está verificando y sancionando a sí mismo, ya que la Comisión está integrada por médicos.

Tampoco sus resoluciones son vinculantes, ni sancionadoras para la persona en lo individual, sino para el servicio médico en donde la persona trabaja; entonces, es una traba al final del camino”, agregó.

Respecto a la obligación de los legisladores para erradicar esta mala práctica, José Luis Nassar comentó que primero se deber reconocer la problemática y la emergencia que existe en la violencia gineco-obstétrica, para que pueda reconocerse como bien jurídico tutelado, que se pueda legislar para imputar sanciones penales, no sólo a los hospitales, sino al actuar de todo el personal de salud, enfermeras, secretarias, médicos y a toda persona que revise a mujeres embarazadas en estado vulnerable.

Necesita ser reconocido en los códigos penales, para que así podamos dar un paso para erradicarlo, aunque falta mucho más, no sólo es sancionador, sino hay que capacitar al personal médico, hay que brindar una justicia restaurativa a las víctimas, que se les repare el daño integral, que haya verdaderas sanciones económicas como monto de reparación del daño a las víctimas, que se reconozca como una problemática, que se tipifique y se aborde en las políticas públicas como se merece”, detalló.

Y resaltó que se acaba de enviar una iniciativa en la Cámara de Diputados para que se reconozca la violencia obstétrica como concepto en la Ley General de Víctimas, modificando además la Ley General de Salud y aunque es una avance, no es un paso firme, porque se sigue sin ningún tipo de represalia o sanción a las personas que vulneren una mujer, sólo está a título administrativo.

El abogado se comprometió a seguir impulsando ante próximas legislaturas modificar políticas públicas que lleven a  reconocer y tipificar la violencia gineco-obstétrica.