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CIUDAD DE MÉXICO, 31 de enero de 2024.- Los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) Mónica Soto Fregoso (presidenta), Felipe de la Mata Pizaña y Felipe Fuentes Barrera advirtieron que la injerencia del crimen organizado en los procesos electorales no sólo debe reconocerse, sino atenderse antes de que impacte en la elección presidencial.
En el marco de un foro organizado por el periódico EL UNIVERSAL, la magistrada presidenta del TEPJF, Mónica Soto, planteó que ante dicha problemática es necesario la conjunción de esfuerzos de todas las autoridades del país para mantener elecciones libres, auténticas y pacíficas.
Al referirse a los comentarios o intervenciones del Presidente y el posible riesgo a la equidad en la contienda electoral, la presidenta de la Sala Superior del TEPJF pidió un voto de confianza al trabajo de las y los magistrados y planteó que no se debe ver a esta máxima autoridad electoral «como manipulable ni como títeres de nadie”.
Por su parte, el magistrado Felipe de la Mata Pizaña, al hablar sobre el crimen organizado y los procesos electorales, dijo que “no podemos quedarnos como estamos ahorita. Sí, hay un problema. Tenemos que mejorar o nos vamos a conformar con tener en 10 o en 20 años pues alguien del tamaño de gran presidente de la República”.
Mientras, el magistrado Felipe Fuentes Barrera señaló que el crimen organizado “está muy presente”, pero no adelantó escenarios sobre lo que pudiera suceder en el proceso electoral.
Respecto a las diferencias al interior de la Sala Superior del TEPJF, el magistrado Fuentes Barrera mencionó que llegan fortalecido de cara a este proceso electoral.
La magistrada presidenta y los magistrados enlistaron una serie de acciones para contrarrestar la injerencia de la delincuencia organizada, a fin de mantener el voto libre y secreto de la ciudadanía:
Sacar las casilla de las comunidades en conflicto hacia otro; llevar a cabo el voto anticipado por internet, urna electrónica o centros de votación con vigilancia; crear fórmulas para proteger a candidatos y familias amenazados; denuncias y demanda anónimas; debatir el tema abiertamente en el país por parte de las autoridades electorales, y que las autoridades no electorales intervengan y que garanticen que el INE pueda instalar casillas y garantizar el desarrollo de elecciones pacíficas y libres.