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CIUDAD DE MÉXICO, 4 de junio de 2024.- El presidente Biden anunció nuevas acciones para asegurar la frontera con México.
En un boletín informativo, se anuncian nuevas acciones que impedirán que los migrantes que crucen la frontera sur ilegalmente reciban asilo.
Destacó que en estrecha colaboración con el Gobierno de México, el Departamento de Justicia ha extraditado a Néstor Isidro Pérez Salaz, conocido como “El Nini”, de México a Estados Unidos para enfrentar un proceso por su papel en el tráfico ilícito de fentanilo y abusos de derechos humanos.
Este es uno de los muchos ejemplos de esfuerzos conjuntos con México para abordar la epidemia de fentanilo y drogas sintéticas que está matando a tantas personas en ambos países y a nivel mundial, y para hacer que las organizaciones narcotraficantes rindan cuentas.
Los Departamentos de Estado y de Justicia lanzaron una iniciativa de Recompensas contra el contrabando diseñada para desmantelar el liderazgo de las organizaciones de tráfico de personas que traen migrantes a través de Centroamérica y la frontera sur de Estados Unidos.
La iniciativa ofrecerá recompensas financieras por información que conduzca a la identificación, ubicación, arresto o condena de los principales responsables de importantes actividades de tráfico de personas en la región.
El presidente Biden cree que se debe asegurar la frontera.
Estas acciones estarán vigentes cuando los altos niveles de encuentros en la Frontera Sur excedan su capacidad de generar consecuencias oportunas, como es el caso hoy, establece el documento.
De acuerdo con el gobierno de Estados Unidos, estás acciones harán que sea más fácil para los oficiales de inmigración expulsar a aquellos que no tienen una base legal para quedarse y reducirán la carga de los agentes de la Patrulla Fronteriza.
En el comunicado se advierte que esto no se pueden lograr los mismos resultados si el Congreso no proporciona el personal crítico ni los fondos necesarios para asegurar aún más la frontera sur.
Se reitera que el Congreso de Estados Unidos aún debe actuar
Biden toma medidas mientras los republicanos del Congreso anteponen la política partidista a la seguridad nacional y votan dos veces en contra de las reformas más duras en décadas.
Desde su primer día en el cargo, el presidente Biden ha pedido al Congreso que asegure la frontera y aborde el fallido sistema de inmigración.
Se señala que durante los últimos tres años, el Congreso no ha actuado, mientas que la administración de Biden ha desplegado la mayor cantidad de agentes y oficiales jamás vista para abordar la situación en la frontera sur, ha incautado niveles récord de fentanilo ilícito en sus puertos de entrada y ha reunido a los líderes mundiales en un marco para abordar los patrones migratorios cambiantes que están afectando a todo el mundo.
A principios de este año, el presidente y su equipo llegaron a un acuerdo bipartidista histórico con los demócratas y republicanos del Senado para implementar las reformas más trascendentales de las leyes de inmigración de Estados Unidos en décadas.
Este acuerdo habría agregado personal crítico fronterizo y de inmigración, habría invertido en tecnología para capturar fentanilo ilegal, habría implementado reformas radicales al sistema de asilo y habría otorgado autoridad de emergencia al Presidente para cerrar la frontera cuando el sistema estuviera abrumado.
Pero los republicanos en el Congreso optaron por anteponer la política partidista a la seguridad nacional y votaron dos veces en contra del conjunto de reformas más duras y justas en décadas.
Acciones ejecutivas de la Administración Biden-Harris:
Prohibir que los inmigrantes que cruzan ilegalmente la frontera sur reciban asilo
El presidente Biden emitió una proclamación bajo las secciones 212(f) y 215(a) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad suspendiendo la entrada de no ciudadanos que crucen ilegalmente la frontera sur hacia los Estados Unidos.
Esta proclamación va acompañada de una norma final provisional de los Departamentos de Justicia y Seguridad Nacional que restringe el asilo para aquellos no ciudadanos.
Estas acciones estarán vigentes cuando la frontera sur se vea abrumada y facilitarán que los funcionarios de inmigración expulsen rápidamente a personas que no tienen una base legal para permanecer en los Estados Unidos.
Estas acciones no son permanentes. Se suspenderán cuando el número de migrantes que cruzan la frontera entre los puertos de entrada sea lo suficientemente bajo como para que el sistema estadounidense pueda gestionar de forma segura y eficaz las operaciones fronterizas.
Estas acciones también incluyen excepciones humanitarias similares a las incluidas en el acuerdo fronterizo bipartidista anunciado en el Senado, incluidas aquellas para niños no acompañados y víctimas de trata.
Acciones recientes en la frontera:
Fortalecimiento del proceso de selección de asilo
El Departamento de Seguridad Nacional publicó una regla propuesta para garantizar que los migrantes que representan un riesgo para la seguridad pública o nacional sean expulsados lo más rápido posible en el proceso en lugar de permanecer en detención prolongada y costosa antes de su expulsión.
Esta norma propuesta mejorará la seguridad y ofrecerá consecuencias más oportunas para quienes no tienen una base legal para permanecer en los Estados Unidos.
El Departamento de Justicia y el Departamento de Seguridad Nacional lanzaron un expediente de llegadas recientes para resolver más rápidamente una parte de los casos de inmigración de migrantes que intentan cruzar entre puertos de entrada en la frontera sur.
A través de este proceso, el Departamento de Justicia podrá conocer estos casos más rápidamente y el Departamento de Seguridad Nacional podrá expulsar más rápidamente a personas que no tienen una base legal para permanecer en los Estados Unidos y otorgar protección a aquellos con afirmaciones válidas.
El acuerdo fronterizo bipartidista habría creado y apoyado un marco aún más eficiente para emitir decisiones finales para todos los solicitantes de asilo.
Este nuevo proceso para reformar este abrumado sistema de inmigración sólo puede ser creado y financiado por el Congreso.
El Departamento de Estado impuso restricciones de visa a ejecutivos de varias empresas de transporte colombianas que se lucran con el tráfico de migrantes por vía marítima.
Esta acción toma medidas enérgicas contra las empresas que ayudan a facilitar la entrada ilegal a los Estados Unidos y envía un mensaje claro de que nadie debería beneficiarse de la explotación de migrantes vulnerables.
El Departamento de Estado también impuso restricciones de visa a más de 250 miembros del gobierno de Nicaragua, actores no gubernamentales y sus familiares inmediatos por su papel en el apoyo al régimen Ortega-Murillo, que está vendiendo visas de tránsito a migrantes que finalmente se dirigen hacia la frontera sur.