Contexto/Fernando Ramírez de Aguilar L.

El informe de AMLO y los otros datos. La reforma al Poder Judicial y sus consecuencias. 

Como era de esperarse, el último informe de gobierno de Andrés Manuel López Obrador que leyó el domingo pasado en el Zócalo ante simpatizantes y acarreados, fue un documento repleto de medias verdades y muchísimas mentiras que fácilmente pueden contrastarse con la realidad. Los precios actuales de los energéticos y los alimentos, por ejemplo, muestran otros datos que contrastan con las categóricas afirmaciones del tabasqueño.

Pero no sólo eso, dijo además que “por primera vez en más de 50 años, el peso no se ha devaluado; por el contrario, nuestra moneda ocupa el segundo lugar en el mundo en fortaleza con relación al dólar. Cuando llegamos al gobierno había 20 millones 79 mil trabajadores inscritos en el Seguro Social, ahora son 22 millones 389 mil 835; es decir 2 millones 310 mil más”. ¿Durante su sexenio eso se puede llamar un logro? pregunto?

Más mentiras. Aseveró: “Según la encuesta trimestral del INEGI, la percepción en materia de inseguridad es la mejor o menos mala de los últimos diez años, es de 59.4 por ciento; 15.5 por ciento menos que cuando inició nuestro gobierno. A diferencia de lo que sucedía en los gobiernos neoliberales, ahora no se reprime al pueblo, no se ejecutan masacres, no se tortura ni se desaparece a nadie; no se tolera la violación de los derechos humanos y tampoco existe un narco estado como el que se configuró en el sexenio antepasado.

“En el combate a la delincuencia organizada se usa más la inteligencia que la fuerza y se redujo el índice de Letalidad. ¿Qué es eso del índice de Letalidad? Para ilustrar este importante dato cabe citar que, en 2011, en el periodo de Felipe Calderón, hubo mil 76 enfrentamientos entre las Fuerzas Armadas y grupos delictivos; en ellos perdieron la vida mil 412 personas, fueron heridos y detenidos mil 127; es decir, hubo 285 más muertos que heridos y detenidos. En contraste, el año pasado, los enfrentamientos se redujeron a 486 con un total de 271 muertos, y de 442 heridos y detenidos; es decir, hubo menos uso de fuerza y más respeto a la vida.

Pero sus “otros datos” no encajan con la realidad. Y veamos por qué:

De acuerdo con el registro de homicidios dolosos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, del 1 de diciembre de 2018 al 1 de septiembre de 2024, tiempo que lleva la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, las fiscalías estatales y federales han registrado 196,438 homicidios dolosos en México. Se observó que, a lo largo de los 70 meses del sexenio, se mantiene una tendencia al alza en el registro de homicidios.

El mes con el mayor registro de homicidios dolosos fue octubre de 2020, con 3,347; en cambio, el mes con menor registro de homicidios dolosos fue agosto de 2024 con 2,145, frente a febrero de 2021, considerado por las propias autoridades como el mes con menos asesinatos.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) destacó que en lo que va del sexenio del presidente López Obrador, se registró una disminución de 0.4 por ciento en los asesinatos. En 2021, la disminución fue de 4.1 por ciento, en 2022 de 7.1 por ciento, y en 2023 de 4.18 por ciento.

Haciendo la comparativa de las muertes en el mismo periodo en otros sexenios, el actual gobierno encabeza el registro de dicho delito con 196,438 incidentes, superior al de la administración de Enrique Peña Nieto, que registró 130,626.

En el mismo periodo de gobierno del expresidente Felipe Calderón se registraron 102,812 asesinatos, y, en el gobierno del expresidente Vicente Fox, se documentaron 53, 275, según el estudio de empresa T-ResearchMX. Usted juzgue.

Según López Obrador en su sexenio “al igual que la corrupción se ha combatido la impunidad y aun siendo respetuosos de la autonomía de poderes, hasta el extremo de respetuosos porque no nos hubiese costado nada seguir con la traducción de siglos de que se sumarán como apéndice los otros dos poderes, porque durante mucho tiempo de política autoritaria el poder de los poderes era el Ejecutivo o ¿no era así? Hemos actuado de manera respetuosa, no hemos querido tranzar para que nos aprueben todo, al contrario, hemos denunciado con hechos los actos de corrupción e influyentismo que predominan en el Poder Judicial. Debido a ello es que enviamos al Congreso una iniciativa para que el pueblo elija a jueces, magistrados y ministros, con el propósito de que impartan justicia en beneficio de todos y no estén al servicio exclusivo de la delincuencia organizada y de la delincuencia de cuello blanco, que estén al servicio del pueblo.” Ajá. Desde su púlpito mañanero se ha dedicado a insultar, descalificar y denostar a los trabajadores del Poder Judicial Federal, a los estudiantes universitarios que estudian derecho, a las madres buscadoras de desaparecidos y de otras víctimas de la violencia y ha arremetido en contra de los embajadores de Estados Unidos y Canadá por manifestarse en contra de su reforma judicial la cual por cierto esta misma semana será aprobada en la Cámara de Diputados.

Por cierto, el zacatecano Ricardo Monreal Ávila, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados informó que durante la Junta de Coordinación Política (Jucopo) se valoraban acciones en contra de los jueces federales de Chiapas y Morelos, Martha Eugenia Magaña y Felipe Consuelo Soto que pretendieron suspender la discusión de la Reforma Judicial.

Los jueces otorgaron una suspensión para que ambas cámaras del Congreso de la Unión continuaran con el proceso legislativo de las reformas en materia del Poder Judicial, y en caso de aprobarlas, se abstengan de enviarlas a los congresos de los estados y la capital para su aprobación, hasta en tanto se resuelva la suspensión definitiva.

“Se propusieron tres acciones contra los jueces por su grave intromisión a la vida interna del Poder Legislativo”, señaló Monreal, quien en la víspera y durante el pleno de la Cámara planteó contra los jueces: “juicio político, denuncia penal, por delitos cometidos en la administración de justicia, y una queja en la Judicatura”, además de que leyó tres jurisprudencias emitidas por la propia Suprema Corte que manifiestas la improcedencia de las resoluciones emitidas por los juzgadores:

El diputado Ricardo Monreal Ávila: Jurisprudencia, 2/2022, de apenas hace unos meses, ¿saben lo que es la jurisprudencia?, es una disposición obligatoria para todos los juzgadores del país en nuestro sistema jurídico mexicano y se construye con 5 ejecutorias en el mismo sentido y es obligatoria observarla para todos.

Primera. – Jurisprudencia, 2/2022, cuando en un juicio de amparo se reclame alguna adición o reforma a la Constitución respecto a su contenido material, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción I de la Ley de Amparo. Lo que da lugar, a desechar de plano la demanda de amparo desde el auto inicial.

Segunda. –  Jurisprudencia 3 2014, segunda sala. Los preceptos constitucionales no pueden ser sometidos a un análisis de regularidad constitucional a través del juicio de amparo, ni a un control difuso de constitucionalidad mediante algunos de los recursos establecidos en la Ley de Amparo, pues las normas que componen la Constitución constituyen la fuente de todo el ordenamiento jurídico y deben considerarse, como mandatos inmunes a cualquier tipo de control jurisdiccional.

Tercera. – 29 2012 Jurisprudencia del pleno de la Corte. Las reformas constitucionales no son susceptibles de control jurisdiccional, ya que el órgano reformador encuentra el control en sí mismo, constituyendo una función soberana que no está sujeta a ningún tipo de control externo, porque en la conformación del constituyente permanente y en la atribución exclusiva conferida por el artículo 135 constitucional se encuentra su propia garantía.

El diputado Ricardo Mejía Berdeja del PT avaló que ningún juez puede frenar al supremo poder reformador del Constituyente Permanente y por ello también se pronunció por proceder penalmente e in iniciar juicio político en contra de los dos jueces.

En ese entorno, Diego Valadés Ríos, investigador emérito del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), dejó en claro que la reforma al Poder Judicial es una “bomba de tiempo” para el próximo gobierno, que encabezará Claudia Sheinbaum a partir del próximo primero de octubre.

El doctor Valadés Ríos dijo que, con esta reforma, que será discutida y aprobada esta semana por la Cámara de Diputados, México quedará sumido a largo plazo en una enorme impunidad, inseguridad y corrupción.

“Estoy a favor de que se discuta el tema de la reforma judicial, es una lástima que el Poder Legislativo haya hecho oídos sordos frente a todas las observaciones que se presentaron. Ha tomado una decisión drástica, en el sentido de que hay una decisión tomada”, sostuvo.

Indicó que al Poder Judicial en México únicamente se le destinó el año pasado el 0.63 por ciento del Producto Interno Bruto, una cifra muy inferior a lo que invierten otros países. “¿Cómo queremos tener una justicia eficiente y que responda con rapidez a las demandas populares, cuando no tenemos sistemas de acceso a la justicia y asfixiados a los jueces? Se está ignorando realmente lo que es la problemática de la justicia”, explicó.

Sobre las suspensiones emitidas por dos jueces para impedir que la reforma judicial fuera discutida en la Cámara de Diputados, el investigador de la UNAM apuntó que no tienen fundamento, y apuntó que esto será aprovechado por el oficialismo como un argumento más para llevarla a cabo: “Debo decir que la argumentación es interesante en los dos casos. Lo que no está bien planteado, y lo lamento porque se tratan de errores relevantes, es que los jueces tengan la facultad para detener un proceso de deliberación parlamentario, ya sea en el nivel federal o en el ámbito de los estados”, destacó.

“No tienen fundamento (las suspensiones), creo que al invocar o al actuar de esta manera argumentos que no existen en la ley, se contribuye a justificar hipotéticamente por supuesto, las posiciones de quienes actúan en contra del poder Judicial y que dicen que hay que someter a jueces votación popular”, puntualizó.

A ver qué es lo que ocurre. El país se comienza a incendiar.