Teléfono rojo/José Ureña
Uno de los efectos más aparatosos desatados por la disputa en torno a la aprobación o no de la reforma al poder judicial, es sin duda, el descontento de los gobiernos de Estados Unidos y Canadá hacia la reforma del poder judicial propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador, porqué puede desalentar la inversión de esos países en México.
Como sabemos, el mandatario ya dejó en suspenso las relaciones diplomáticas con la Unión Americana, a partir de las declaraciones del embajador estadounidense en nuestra nación, Ken Salazar, quien directamente sostuvo que esa reforma representa un atentado contra la democracia mexicana.
La relación comercial de México con Estados Unidos es la mayor que tenemos con cualquier país de la tierra, pero las dos naciones se encuentran íntimamente ligadas no sólo por su importante intercambio comercial y de inversiones, sino también por el flujo migratorio existente a ambos lados de la frontera y los lazos culturales que nos unen.
El Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), representó un asidero fundamental para establecer reglas claras en el intercambio de mercancías entre Canadá, México y Estados Unidos, pero, de manera especial, entre estos dos últimos países. El TEMEC, como una ampliación del TLCAN, aseguró condiciones de equilibrio comercial.
Ahora, empresarios de los tres países consideran que la equidad fijada por los dos acuerdos comerciales trilaterales puede romperse, si se aprueba la reforma al poder judicial, en los términos previstos por López Obrador, con la elección de jueces por voto popular, que pudieran responder a grupos de interés políticos y económicos y que no actúen conforme a un estricto sentido de justicia.
Dentro de la izquierda mexicana, tanto el TLCAN, como el TEMEC, han recibido críticas, como estructuras que no han beneficiado adecuadamente a las empresas mexicanas, especialmente las de menor tamaño, y a los trabajadores y que han generado mayores beneficios a las trasnacionales estadounidenses y canadienses.
¿Es esto correcto? Todo depende de la óptica que se utilice y de los sectores productivos de los tres países que sean analizados para medir el impacto de los acuerdos comerciales, aplicables desde los últimos años del siglo pasado.
En el marco de la contienda electoral de Estados Unidos, que tendrá su punto de culminación en noviembre, con la elección del próximo presidente de la república, en el vecino país se han recrudecido las voces que denuncian nuevamente los efectos negativos de los acuerdos comerciales, por la participación de mercancías mexicanas en el mercado de nuestro vecino.
En este ámbito, los medios de comunicación de Estados Unidos han tomado partido en favor o en contra del libre comercio con México, pero siempre aderezado por el entorno político, ya sea en respaldo de alguno de los candidatos presidenciales: Kamala Harris o Donald Trump.
Así, por ejemplo, el prestigiado diario The New York Times, de corte político cercano al Partido Demócrata, asegura que, desde su aprobación en 1993, el TLCAN ha desempeñado un papel preponderante en las elecciones presidenciales, que a menudo giran en torno a los tres estados del cinturón industrial de la Unión Americana que contribuyó a socavar.
En un amplio reportaje, titulado “Cómo el TLCAN arruinó la política de EE. UU”, señala que dicho tratado marcó el comienzo de una era de acuerdos de libre comercio que llevaron productos baratos a los consumidores y generaron una gran riqueza para los inversionistas y el sector financiero.
Considera que, sin embargo, el tratado también aumentó la desigualdad de ingresos, debilitó a los sindicatos y aceleró el vaciamiento de la base industrial de Estados Unidos, con lo cual su impacto no ha sido tan adecuado para la potencia.
La aprobación del TLCAN sigue siendo uno de los acontecimientos más trascendentales de la reciente historia política y económica de Estados Unidos. Entre 1997 y 2020 cerraron más de 90 mil fábricas, en parte como consecuencia del TLCAN y acuerdos similares.
En su edición en español, el diario sostiene que probablemente las próximas elecciones presidenciales en la Unión Americana, como las dos previas, estén determinadas por tres de los estados del “muro azul” —Wisconsin, Míchigan y Pensilvania—, todos ellos afectados por la desindustrialización.
En 2016, Donald Trump ganó esos estados, y la presidencia, en parte arremetiendo contra el TLCAN (“el peor acuerdo comercial de la historia”, lo llamó). Las encuestas a pie de urna mostraron que Trump se impuso en casi dos tercios de los votantes que creen que el libre comercio acaba con los empleos estadounidenses. Ohio, por su parte, que votó dos veces por Barack Obama, se ha convertido cada vez más en un bastión republicano.
El populismo de derecha de Trump —una mezcla económico-nacionalista que se opone al libre comercio y un sentimiento antinmigración (“prácticamente el 100 por ciento de la creación neta de empleo en el último año ha ido a parar a los inmigrantes”, afirmó de manera falsa)— ayudó a allanar el camino para una nueva generación de republicanos autoproclamados “pro-trabajadores”, en tanto, Joe Biden apoyó el TLCAN, un mal acuerdo comercial que envió innumerables buenos empleos a México, de acuerdo con Trump.
En el entorno electoral, nuestro país se convirtió nuevamente en la piñata preferida para que le peguen los aspirantes a la presidencia de Estados Unidos, especialmente Donald Trump, que ha hecho de esa estrategia su arma preferida para obtener votos.
La combinación de la pérdida de confianza de los inversionistas y comerciantes de Estados Unidos hacia el sistema jurídico mexicano, combinada con los ataques al TEMEC por parte de Trump, no avizora ningún clima favorable. Este es el desequilibrio económico que no garantiza nada bueno en el sexenio que inicia el 1 de octubre, que no ha visto o no ha querido ver la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, ojalá y proceda en consecuencia, antes de que sea tarde.