Contexto/Fernando Ramírez de Aguilar L.

Los contrastes entre Sheinbaum y AMLO

En una actitud de congruencia, la presidenta electa, Claudia Sheinbaum Pardo, afirmó en su discurso durante el Congreso Nacional de Morena, que “me corresponde, como debe ser, pedir licencia el día de hoy como militante de Morena, seré presidenta constitucional y debo gobernar para todas y todos los mexicanos” y les pidió a los militantes de dicha agrupación política que no se conviertan “en un partido de Estado, sino que continúen con el trabajo con la población, ir casa por casa y evitar el burocratismo”.

Más claro no podía ser. En contraste, López Obrador mantuvo la farsa en su discurso mañanero, y se dijo “»muy contento» con la elección de Luisa María Alcalde, actual secretaria de Gobernación, como la próxima dirigente de Morena, partido que fundó, con lo que sucederá en el cargo a Mario Delgado, el cual en el próximo sexenio ocupará la cartera como secretario de Educación Pública. «Estoy muy contento con eso, y yo también ya renuncio a la militancia partidista” …Ajá.

Mientras Sheinbaum Pardo confirmó que se separa de la actividad partidista para enfocarse de lleno en la administración pública y enfatizó que el partido y el gobierno deben absolutamente mantenerse separados, situación que no ocurrió durante la actual administración, a la que, por cierto, solamente le quedan diez días. Andrés Manuel López Obrador, en cambio, dijo que se irá a su finca en Palenque y que se retirará de la política, pero tendrá necesariamente que rendir cuentas a la justicia a la que tanto odia.

La suerte está echada. Dentro de una semana estará terminando el sexenio más infame, según sostienen diversos analistas. Y entonces, se iniciarán los reacomodos. Aparentemente no se vislumbran, en el corto plazo, ajustes de cuentas, pero hay que esperar, porque hay amplios sectores sociales y núcleos importantes de la población muy, pero muy agraviados. Un ejemplo de ello, 50 mil trabajadores de los poderes judiciales y, ahora, 15 mil agentes de la guardia nacional que no tienen carrera militar y que podrían ser despedidos. Pero más allá de la coyuntura política inmediata, habrá que ver hacia el futuro, pues López Obrador deja un país dividido, pues para muchos de sus seguidores, será una especie de “duelo” que se vaya el mentiroso creador de la “honestidad valiente” y para otros miles será necesario llamarlo a rendir cuentas ante la justicia ante los miles de asesinados, desaparecidos, desplazados por la violencia y, sobre todo, los que perdieron sus empleos y sus ahorros.

¿Y Mientras?… El Instituto Nacional Electoral (INE) dio inicio al proceso electoral extraordinario del Poder Judicial de la Federación, tras la aprobación de la reforma impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador. En la ceremonia oficial, la presidenta Guadalupe Taddei describió las elecciones extraordinarias como “sin precedentes” y que representarán nuevos desafíos, reglas y actores.

“Nuestros trabajos estarán a la altura de la importancia de esta elección extraordinaria, refrendaremos la capacidad institucional del INE y su eficacia, ya que son el resultado de la labor del personal de nuestras áreas ejecutivas, de las unidades técnicas y de los órganos desconcentrados en los estados de la República Mexicana”, dijo Taddei. En ello coincidió otra consejera, Claudia Zavala, la cual afirmó que la reforma al poder judicial ya está vigente, por lo que todos los servidores públicos están obligados a cumplirla y el INE ya se encuentra trabajando para realizar la elección:

“Ya es una reforma que es vigente y, por tanto, estamos obligados todos los servidores públicos, estamos implicados en ello en cumplirla y esto en tanto se puede resolver si hay medios de impugnación, lo que sea.

“La elección de las personas ministras, magistradas y juzgadores será auténtica, el INE ya la está organizando en forma certera, objetiva e imparcial”, explicó Taddei.

La reforma al Poder Judicial modifica 18 artículos, adiciona seis y deroga diversas fracciones de cinco artículos de la Constitución. Establece la elección por voto popular de jueces, magistrados y ministros, además de que reduce a nueve el número de integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y acorta su periodo de encargo de 15 a 12 años. La renovación del Poder Judicial deberá concluir en las elecciones de 2027.

Según la reforma en cuestión, se elegirán 9 ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cinco magistraturas del Tribunal de Disciplina Judicial, dos magistraturas para la Sala Superior del Tribunal Electoral, 15 magistraturas de las Salas Regionales, aproximadamente 449 magistraturas de circuito y 215 personas juzgadoras de Distrito. Aproximadamente 695 cargos.

Pero el problema, es que el Congreso de la Unión, más bien la mayoría morenista, junto con sus rémoras del PT y del PVEM, legislaron con las patas, pues lo hicieron sin legislación secundaria, sin reglamentos acordes, sin presupuesto para el INE para llevar a cabo estas elecciones extraordinarias y sin claridad en los recursos a solicitar en 2025. Tampoco construyeron una cartografía que no necesariamente corresponde con los 300 distritos electorales.

Pero, además, el INE inicia el proceso para elegir jueces, magistrados y ministros, sin acatar las resoluciones de dos jueces de distrito que otorgaron amparos contra la reforma judicial, que obliga a la elección de juzgadores por voto popular. La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito (Jufed) expresó en un comunicado que el INE, que arrancó el proceso de los primeros comicios judiciales, no puede desconocer esas medidas cautelares hasta que exista una determinación jurisdiccional que las modifique. O bien, hasta que haya una sentencia de amparo que en “definitiva” resuelva la impugnación constitucional.

El organismo señaló que actualmente existen juicios de amparo contra la reforma que el presidente, Andrés Manuel López Obrador, promulgó el 15 de septiembre, por lo que debe dejarse sin efecto la declaratoria de inicio del Proceso Electoral Extraordinario 2024-2025 que realizó el INE. “Respetuosamente se solicita cumplir con la suspensión decretada por los juzgadores federales”, señaló la Jufed, que puntualizó que esto debe ser hasta que se determine su validez en una sede jurisdiccional.

Falta, también, lo que resuelva, el pleno de la Suprema Corte de Justicia que podría frenar la reforma Constitucional, lo que generaría una crisis de Estado. Veremos.