Contexto/Fernando Ramírez de Aguilar L.

La Reforma Judicial genera un conflicto entre los poderes federales. La partida de Ifigenia Martínez.

México está a punto de entrar a una grave crisis política en la que están implicados los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Nada más y nada menos que los tres poderes federales, lo que generará una crisis constitucional. El punto central del debate, de la controversia, radica en que, si el pleno que conforman los once ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación puede o no, revisar la reforma judicial recientemente aprobada, toda vez que hubo diversas impugnaciones a la misma.

Dicha reforma no le quitó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación su responsabilidad como máximo revisor constitucional y no hay ninguna otra instancia en el Estado mexicano que supla esa tarea. De ahí que, mientras permanezcan en el cargo, los once ministros no pueden excusarse de revisar la constitucionalidad de una reforma a la ley o, como es el caso, las contradicciones que lleguen a presentarse entre artículos o párrafos contenidos dentro de la misma Carta Magna.

Y no se trata solamente de un “artículo pedorro”, como lamentablemente afirmó el nefasto presidente del Senado, Gerardo Rodolfo Fernández Noroña –aquel que en 1995 encabezó la creación de la Asamblea Ciudadana en Defensa de los Deudores de la Banca–, sino de todo un entramado que implica la carrera judicial.

Ante esta realidad no existe fundamento para exigir a la Suprema Corte de Justicia que no discuta la eventual contradicción que la reforma judicial tiene respecto al resto de la Constitución y, más importante aún, no hay nada que impida al Máximo Tribunal de Justicia del país decretar la expulsión del nuevo ordenamiento del sistema legal mexicano.

Por ello, el jueves pasado, el pleno de la Suprema Corte, aprobó por mayoría de ocho votos someter a revisión la reforma al Poder Judicial aprobada por el Congreso en septiembre pasado, para determinar su constitucionalidad. El principal argumento de los ministros para aceptar el pedido de revisión fue el artículo 11 de la Ley Orgánica del Poder Judicial que establece que el pleno de la Corte “velará en todo momento por la autonomía de los órganos del PJF y por la independencia de sus integrantes”.

Como respuesta a lo anterior, el viernes pasado, el diputado morenista Sergio Gutiérrez Luna presentó una iniciativa que pretende quitarle a la Suprema Corte su papel como Tribunal Constitucional cuando existan discordancias dentro del texto constitucional. Sin embargo, no ofreció una alternativa al problema.

En otros países el Tribunal Constitucional y la Corte son dos instancias distintas. Eso resuelve problemas cuando los ministros se vuelven juez y parte, pero en México no contamos con ese modelo. A lo anterior se suma que en este momento político haya ocho personas ministras manifiestamente en contra de la reforma y que con ese número baste, según la misma Carta Magna, para declarar su inconstitucionalidad.

Durante el pleno de ayer, nuevamente la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) rechazó declarar “notoriamente improcedente” la admisión a trámite de nuevos recursos interpuestos en contra de la reforma al Poder Judicial. Con 8 votos en contra — Norma Piña, Margarita Ríos Farjat, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Javier Laynez, Luis María Aguilar, Jorge Pardo Rebolledo, Alberto Pérez Dayan y Juan Luis González Alcántara– y 3 a favor, el pleno de la SCJN rechazó el proyecto planteado por la ministra Yasmín Esquivel. Además, el gobierno del estado de Guanajuato impugnó la reforma al Poder Judicial ante la Suprema Corte. Dicha controversia en contra la reforma al Poder Judicial fue turnada al ministro Juan Luis González Alcántara.

Libia Dennise García, gobernadora de Guanajuato, presentó una controversia constitucional en contra de la reforma al Poder Judicial, cuya principal premisa es la elección por voto popular de jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte, lo cual se contrapone al servicio profesional de carrera judicial, todavía vigente. Todavía se desconoce si el gobierno de Guanajuato solicitó una suspensión que, en caso de ser concedida, podría llevar a que la reforma al Poder Judicial no tenga efectos de manera temporal.

En tanto, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, propuso dos reformas para definir las reglas para la selección de candidatos, las campañas y la votación de la primera elección popular del Poder Judicial, a realizarse el 1 de junio de 2025. La mandataria envió iniciativas para la Ley General de Instituciones Procedimientos Electorales y la Ley General del Sistema Medios de Impugnación en Materia Electoral para las elecciones de jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

La mandataria mexicana firmó estas propuestas tras la publicación el 15 de septiembre de la reforma constitucional al Poder Judicial, que instaurará comicios populares para elegir a todos los juzgadores, pero faltaban leyes secundarias para definir el proceso y la selección de candidaturas. “Consideramos que era importante enviar estas leyes secundarias que clarifiquen cómo se desarrolle la elección, entonces se están enviando para su aprobación en Cámara de Diputados y Cámara de Senadores”, declaró Sheinbaum. La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, entregó al Senado el paquete de iniciativas de leyes secundarias del Poder Judicial. Y muy seguramente se aprobarán. A ver en qué termina este asunto.

Por otra parte, el fallecimiento de Martha Ifigenia Martínez Hernández cierra un capítulo en la izquierda mexicana. Fundadora de la corriente Democrática dentro del PRI. Fue, además, fundadora del Frente Democrático Nacional junto con Cuauhtémoc Cárdenas y Porfirio Muñoz Ledo lo que más tarde fue el Partido de la Revolución Democrática (PRD) junto con Cuauhtémoc Cárdenas y Porfirio Muñoz Ledo. Se desempeñó como diputada federal en cuatro ocasiones: en 1976, 1994, 2009 y en 2024; senadora del Congreso de la Unión en dos periodos: de 1988 a 1991 (LIV legislatura) y de 2018 a 2024 por Lista Nacional, presidenta de la Mesa Directiva de Decanos; y también como integrante de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México de 2016 a 2017.

Fue la primera mexicana que obtuvo una maestría en Economía por la Universidad Harvard, de donde también obtuvo el doctorado. En 1950 fue cofundadora de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). Fue profesora de Finanzas Públicas de la UNAM, y de 1957 a 1962, fue catedrática del Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos (CEMLA). En 1960 fue nombrada investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM y en 1967 fue directora de la Escuela Nacional de Economía de la UNAM. En 1968 fue una de las principales defensoras de la Universidad tras la invasión del Ejército en Ciudad Universitaria.

El 29 de abril de 2022, en la antigua sede del Senado se le rindió un homenaje multipartidista a Muñoz Ledo por 70 años de actividad pública fructífera. Una de las oradoras fue la maestra Ifigenia Martínez, quien le reconoció ser clave de “la cimentación democrática de hoy”, con extraordinaria “capacidad para el debate y la construcción de acuerdos y consensos”; un hombre “determinante en el camino de la transición democrática”, decisivo “en la institucionalización y defensa de la pluralidad”.

Un mes después, al presentar su libro Por una democracia progresista, Cárdenas lamentó la falta de continuidad en los proyectos políticos porque no se había consolidado ninguno y soltó: “No sé qué es la cuarta transformación” debido a que “elección tras elección únicamente se llevan a cabo improvisaciones y ocurrencias…”.

Una semana después, Muñoz Ledo acusó a López Obrador de tener un pacto con la delincuencia y lo llamó a que “entienda que su contubernio o alianza con el narco no es heredable, porque éstos, como lo han hecho siempre y en todas partes, en todas las plazas políticas, se entienden con el que va a llegar…”.

En Sinaloa, la violencia no cesa y el gobernador Rubén Rocha Moya, que tiene vínculos y deudas con el Cártel de Sinaloa, es prepotente e inepto. El pasado fin de semana, Rubén Rocha se reunió con el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) del gobierno federal, Omar García Harfuch, para discutir la situación de violencia en el estado. En 28 días, se contabilizan 159 asesinatos.

Mientras, la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) lamentó el asesinato de Alejandro Arcos Catalán, alcalde de Chilpancingo, Guerrero, quien había tomado el puesto apenas una semana y fue asesinado el domingo:

“Lamentamos el asesinato del alcalde Alejandro Arcos de Chilpancingo, Guerrero, y de su secretario de gobierno recientemente. Nos sumamos al llamado a una investigación pronta y eficaz ante estos trágicos hechos, que reflejan la necesidad de fortalecer las instituciones”, apuntó el organismo en un comunicado. Y la gobernadora guerrerense, Evelyn Salgado, bien gracias. Goza de cabal salud. Lamentable. Veremos qué pasa en los próximos días.