Golpistas

Fernando Belaunzarán*

Son el ladrón que grita “al ladrón”. Las tres ministras oficialistas reaccionaron con la misma desmesura al proyecto del ministro Juan Luis González Alcántara, aprobado por ocho votos. Por la decición de estudiar si tienen atribuciones para analizar la constitucionalidad de la reforma judicial denunciaron “golpe de Estado”. No entraron al fondo, pero eso bastó para convertirse en blanco de furiosos ataques, al grado que, en una entrevista posterior, la ministra Lenia Batres advirtió sobre juicios políticos y denuncias penales.

Los propagandistas del régimen hicieron segunda a la histeria y desataron el consabido linchamiento en redes sociales. La presidenta Claudia Sheinbaum quiso matizar, asegurando que no daría gusto a quienes los señalan de autoritarios y, por ello, nomás acusó a los ministros de dar un “golpe guango”.

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En cualquier caso, con mayor o menor estridencia, no solo niegan a la Corte su facultad de revisar reformas constitucionales, también la de jueces y tribunales para dar trámite a juicios de amparo sobre ellas, llegando al extremo de desacatar suspensiones judiciales sin más respaldo que su simple opinión jurídica y delirantes teorías de la conspiración.

El mundo al revés. Acusan golpismo quienes no han tenido escrúpulo alguno para hacerse del poder con toda clase de trampas. Repasemos: impusieron a la presidenta del INE y tres consejeros más en un sorteo con cartas marcadas, pues las quintetas fueron conformadas por comité  parcial; dejaron incompleto el TEPJF para que tres magistrados tomaran el control; el entonces presidente López Obrador dio banderazo a campañas anticipadas de sus corcholatas desde 2021 y operó una elección de Estado con el manejo proselitista de programas sociales y usando la mañanera para promover a su candidata y denostar a la de oposición; autoridades electorales capturadas concedieron sobrerrepresentación excesiva e ilegal al convertir el 54% de los votos en 73% de curules, haciendo que la representación del 42% de los ciudadanos sea puramente testimonial; en el Senado consiguieron los votos que les faltaban comprando y usando fiscalías para extorsionar legisladores; aprobaron la reforma judicial en fast-track, violentando el procedimiento y conculcando derechos de las minorías; y, para colmo, deciden por sus pistolas ignorar resoluciones del Poder Judicial. Como vemos, los golpistas son otros.

Todos podemos expresar nuestro criterio jurídico, con sustento o sin sustento, pero es un delito desobedecer a quienes tienen, por mandato constitucional, responsabilidad jurisdiccional. El camino legal, cuando se discrepa de alguna resolución judicial, es impugnarla con las herramientas del derecho en otra instancia superior. El Ejecutivo y el Legislativo están en abierto desacato, escalando un conflicto que puede derivar en crisis constitucional, lo cual deja entrever que el líder máximo del “movimiento” no se ha retirado.

Como para el INE eso resulta más complicado, su presidenta pide al TEPJF que le dé permiso de no cumplir las suspensiones como si éste tuviera atribuciones en juicio de amparo. Si se lo concede, confirmarían que las autoridades electorales en México ya son tan autónomas como en Venezuela.

Para reformar la Constitución se deben cumplir reglas, no solo en cuanto al número de votos, también en el procedimiento, pues debe garantizarse el derecho de las minorías a deliberar con el profesionalismo que exige el mandato recibido por el pueblo. Y no solo eso, si una parte de la Carta Magna está en contradicción con otra, quien debe resolver para armonizarla es la SCJN; por algo es Tribunal Constitucional y no olvidemos que debe salvaguardar el respeto a los derechos humanos, incluso si su violación se incorpora al texto de la ley suprema.

Los cambios en la Constitución debieran responder a amplios consensos sociales y no atizar la polarización. A todos nos conviene una mejor procuración de justicia y lo ideal sería abrir una amplia discusión para analizar el tema en su conjunto, desde los policías hasta los juzgadores, pasando por las fiscalías. Pero lo que se busca es concentrar el poder y perpetuarse en él con una reforma hecha sobre las rodillas y con ánimos de venganza.

*Licenciado en filosofía con mención honorífica. Dirigente estudiantil y consejero universitario de la UNAM en la década de 1990. Diputado federal de la LXII Legislatura. Promotor de la Marea Rosa y vocero del Frente Cívico Nacional. Con esta entrega se incorpora como articulista. Bienvenido.