INE, preparado para elección en junio, considera Noroña
CIUDAD DE MÉXICO, 10 de octubre de 2024.- En presentación de votos particulares sobre las leyes secundarias de la Reforma Judicial, senadores de la oposición PAN, PRI y Movimiento Ciudadano adelantaron su votación en contra de las iniciativas que envió la titular del Ejecutivo federal para normar el proceso de elección de jueces, magistrados y ministros.
Los proyectos de decreto para reformar la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en materia de elección de personas juzgadoras del Poder Judicial de la Federación, contó con 13 votos particulares del bloque opositor y uno de Morena, mientras que el dictamen de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral se presentaron nueve en tribuna.
El panista Ricardo Anaya asentó que las leyes secundarias de la Reforma Judicial “son un atropello, un engaño y un fraude del que hasta la presidenta de la República ha tomado distancia, pues la modificación del artículo 500, numeral 8, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales aprobada en comisiones da todo el control a Morena para decidir quién aparece en la boleta para elegir jueces, magistrados y ministros”.
La priísta Anabell Avalos señaló que de ninguna manera avalarán estos dictámenes que han sido debatidos y aprobados con un enorme desaseo legislativo y alertó que la adición del artículo 534 a la Legipe establece que los medios de impugnación de las personas que quieran ocupar el cargo de ministros de la Suprema Corte serán resueltos por las magistraturas de la Sala Superior del Tribunal Electoral lo que podría implicar un conflicto de intereses si las personas magistradas de la Sala Superior quisieran ser postuladas para el cargo de ministros.
La emecista Alejandra Barrales advirtió de los errores que vician al dictamen de al Legipe como las facultades que le confieren al propio Instituto Nacional Electoral (INE) para que invada las tareas que tienen los órganos electorales locales, aunado a romper el carácter colegiado que le ha distinguido, y que no sea el Consejo General el que tome las determinaciones sino solamente a la Presidencia.