Reclamo de La Cruz Azul. Que jueces acaten sentencias sobre caso Tula

José Luis Camacho Acevedo

El director jurídico y vicepresidente de la Cooperativa La Cruz Azul, Rafael Anzures Ortiz, rechazó la propuesta de negociación que propuso recientemente el secretario de Gobierno de Hidalgo con el grupo que mantiene secuestrada la planta de Tula de Allende; toda vez que existen varias sentencias judiciales que permitirían la recuperación de esas instalaciones.

Asimismo, presentó documentación legal con nueve órdenes de aprehensión por delitos como fraude, operaciones con recursos de procedencia ilícita, secuestro, falsedad en declaraciones y administración fraudulenta que se han girado en los últimos cuatro años contra miembros del grupo afín a la pasada administración y que mantiene el control de la planta cementera.

“Este paro ha afectado a más de tres mil fuentes de empleo; además de que ha generado pérdidas que rebasan los 25 mil millones de pesos”, aseguró el abogado.

Agregó que las autoridades judiciales resolvieron tres sentencias en favor de la Cooperativa, por lo que es tarea del Ejecutivo estatal hacer cumplir esos mandatos judiciales. “No se pueden extralimitar y hacer propuestas que resultan muy graves como la que hizo el secretario de Gobierno del estado de negociar con un grupo de delincuentes que tiene secuestrada una de nuestras unidades de negocio más importantes”.

El conflicto por la planta data de 2018, cuando se logró convocar a una asamblea general de socios a la que asistió más del 90% de los cooperativistas y, con una mayoría de más del 80% de los presentes, por primera vez en casi treinta años se logró que se eligieran democráticamente a las cabezas de la institución. “Ante esto, un pequeño grupo de personas disidentes afines con la anterior administración deciden tomar ilegalmente y por la fuerza las instalaciones de la cooperativa en Hidalgo, y posteriormente deciden convocar a una Asamblea en 2020, misma que según ellos justificaba su permanencia dentro de las instalaciones en el municipio de Tula”, especificó.

De acuerdo con los documentos presentados, el año pasado se determinó que la Asamblea de 2020 quedaba anulada por el Tribunal Colegiado de Circuito, así como todos los acuerdos tomados en la misma y todos los actos derivados.

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