Escenario político/Daniel Adame Osorio

La onda expansiva de la violencia es la expresión de los días y las semanas recientes del nuevo sexenio, en medio de la operación de las fuerzas armadas que, no ha atenuado la crisis del rubro de la inseguridad y los actos de alto impacto de los miembros de la delincuencia con autos bomba incluidos y los ciudadanos pagando los costos de la violencia antes y ahora. 

Por ahora, no se observa cambio alguno en torno a la estrategia de despliegue de las fuerzas armadas en territorio mucho tiempo hace, con el alto costo en víctimas, detenidos y/o asesinados. 

Peor aún: hemos normalizado la violencia y su impacto desde 2005 lo mismo con toda suerte de víctimas, decapitados y ahora, los autos bomba con la única certeza de no disponer de resultados en materia de inseguridad no obstante el amplia logística y operación de las fuerzas armadas que, de acuerdo al programa de Seguridad Ciudadana de la Universidad Iberoamericana no hace sino aumentar la violencia. 

Por su lado, el gobierno responde al problema de la inseguridad con retórica, es decir con la idea de la transformación que niega la realidad y traslada todos los saldos de su política al beneficiario único:
Yo, el pueblo. 

Por lo que a las reformas de la reforma judicial, se trata de establecer desde la Constitución la supremacía (legislativa) para impedir todo intento de cualquier actor para impugnar los actos del oficialismo. 

Es muy grave también la pretensión que (por ahora) dejó fuera la reforma del artículo 1 en materia de derechos humanos. Los que si fueron sujetos de reforma han sido los artículos 105 y 107 constitucionales para limitar la procedencia lo mismo de acciones de inconstitucionalidad que de controversias constitucionales y amparos en perjuicio de todos los ciudadanos.

Peor aún: el oficialismo pretende por igual que los asuntos en trámite estén por igual limitados en torno a su impugnación ante los órganos judiciales, lo que es contrario al artículo 14 de la ley fundamental y la irretroactividad. 

Más allá de la reforma judicial, todas las adiciones hechas por el oficialismo a la Constitución dejarán en indefensión a los ciudadanos, dado que evitará que los actos del legislativo o ejecutivo sean sujetos de revisión por autoridades judiciales en el contexto del sistema jurídico mexicano.

Las estimaciones más recientes apuntan a un costo financiero de alrededor de 13 mil millones de pesos para la elección judicial cuyos mecanismos para realizarlos aún no los tiene claros el propio oficialismo que avanza con su retórica de un gobierno distinto y quizá en la búsqueda de ser el gobierno para siempre. 

Del Tintero. 
No puede ignorarse la gravedad que más allá de la reforma judicial, ningún trámite podrá ser revisado por la rama judicial en el contexto de la división de poderes hasta hoy conocida. Desaparecerá la última palabra del tribunal constitucional para trasladar la supremacía al legislativo y ejecutivo. 

LinkedIn/FB: Daniel Adame Osorio. 
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