Los márgenes de la independencia editorial/ Felipe de J. Monroy

A días de la elección presidencial en Estados Unidos, ha saltado a la opinión pública una información proveniente de las decisiones editoriales en uno de los titanes de la industria periodística norteamericana: El propietario de The Washington Post, Jeff Bezos, exigió al equipo editorial del diario de abstenerse de respaldar, a través de las páginas del medio, a cualquiera de los candidatos a la presidencia. En el pasado reciente, directivos y editores del periódico han mostrado cierta afinidad y apoyo a la candidata demócrata, Kamala Harris; y por ello, la nueva instrucción de neutralidad editorial fue interpretada como un velado y sutil apoyo a Donald Trump, candidato republicano; o, cuando menos, en una señal de bandera blanca.

Es un hecho que, en medio de contiendas políticas importantes, los medios de comunicación suelen tomar partido por algún liderazgo: en ocasiones por intereses comunes (es decir, por identidad ideológica) y en otras, por concesiones o acuerdos de mutuo usufructo (por mero pragmatismo económico o político). Pero, lo ocurrido en el Post obliga a reflexionar sobre este viejo dilema: ¿Cuál es el margen de independencia editorial que tienen los trabajadores de un medio de comunicación? ¿Todo su trabajo debe estar condicionado a las voluntades y deseos de los dueños de los medios? ¿Cómo garantizar que los medios de información sean auténticos espacios de construcción narrada para una sociedad informada y no sólo un instrumento de deseos e intereses de sus propietarios o financiadores?

Esta reflexión en México tiene por lo menos dos dimensiones: el acceso a la información es un derecho social; y la libertad de prensa y expresión, son todavía derechos intrínsecos a la persona que el Estado está obligado a reconocer y no sólo beneficios ‘garantizados’ por el Estado. Esto tiene dos implicaciones en los trabajadores de los medios de comunicación en México: que ni el Estado ni el medio pueden limitar el derecho de las audiencias a recibir los mejores esfuerzos informativos de los periodistas; y que los derechos de los periodistas no están limitados por las voluntades del Estado ni de los dueños de los medios.

Dicho así, suena sencillo pero, como nos demuestra la historia, es más fácil enunciarlo que ponerlo en práctica. En principio es muy positiva la decisión de que el medio no tome particular orientación política pero ¿hasta dónde debe llegar la influencia del propietario en esta toma de decisión? Los profesionales de la información: directores, editores, columnistas, reporteros, ¿deberían tener una voz también en esa resolución puesto que una determinación de ese estilo podría afectar la gestión y la relación del medio con sus lectores o audiencias?

Nuevamente, parece una verdad de perogrullo que un medio de comunicación no tenga inclinaciones o favoritismos políticos (que intente la objetividad informativa) pero las largas dinámicas históricas en el medio podrían provocar colisiones por el cambio abrupto de políticas editoriales en la redacción. Obviamente, la primera consecuencia visible serían renuncias o inconformidades abiertas por parte de los periodistas; y ello, no sólo va en detrimento de la gestión del dueño del medio sino del medio en sí y del trabajo de sus colegas.

Ahora bien, también es prudente que la gestión y dirección de un medio de comunicación mantenga una moderada independencia de los intereses políticos de terceros; y eso se logra a través de un lenguaje directo pero no agresivo, de una dirección editorial contundente pero no pendenciera. Los conflictos públicos entre el poder político y los medios de comunicación son inevitables; sin embargo, la maledicencia agresiva contra los distantes o la zalamería irracional con los cercanos siempre serán un problema para mostrar profesionalismo y trascendencia de la misión informativa.

Finalmente, hay una cuestión importante respecto a la toma de decisión de un medio de comunicación respecto a su línea editorial: hay circunstancias en las que la neutralidad es imposible. Frente al crimen, la violencia, la guerra, la agresión, la discriminación, el odio, la corrupción y demás fenómenos indeseables y remediables en la sociedad, no puede permitirse una ambigüedad ética o moral. Las agresiones contra los inocentes, la discriminación de los disidentes y la corrupción social (el máximo egoísmo) no pueden ser relativizadas por los medios o los periodistas. Los valores democráticos como la participación, la equidad, la justicia y la libre asociación parten o requieren de libertad de conciencia, expresión y prensa. Si la prensa decide no apoyar dichos principios democráticos, en el fondo renuncia a su libertad y a su misión central, que no es congraciarse con ciertos grupos de poder, sino construir credibilidad en el servicio de informar a la sociedad.

*Director VCNoticias.com

@monroyfelipe