Contexto/Fernando Ramírez de Aguilar L. 

México tiene una cita con la historia y su futuro inmediato, además de lo que será su relación con el vecino del Note. 

Sin duda alguna, hoy será un día crucial para la historia reciente de México.

Por un lado, el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidará o declarará legal la llamada reforma judicial y resolverá de una vez por todas la disputa entre los tres poderes de la Unión que fue provocada por el presidente López Obrador, que ya no está y que heredó la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, la cual inexplicablemente avaló, sin tomarse el tiempo necesario para reflexionar sobre sus alcances y repercusiones nacionales e internacionales. Por el otro, las consecuencias que traiga el resultado de la elección presidencial de Estados Unidos, donde ambos contendientes han manifestado que habrá cambios en la relación con su vecino del sur.

Sobre el primer asunto, el Congreso de la Unión, con la morenista, acató la orden de López Obrador, quien en sus últimos días como titular del Ejecutivo decidió adueñarse del Poder Judicial y decidió enviar una iniciativa que trunca la carrera judicial para establecer la elección de jueces, magistrados y ministros, bajo el falaz argumento de combatir la corrupción. Ya antes había designado a la ignorante Lenia Batres Guadarrama, ministra de la Suprema Corte de Justicia, así como a Yasmín Esquivel Mossa, cuyas tesis de licenciatura en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México y del doctorado en Derecho por la Universidad Anáhuac han sido severamente cuestionados por el plagio que hizo de otros trabajos similares.

Pero la mayoría legislativa morenista apresuró todos los pasos y aprobó diversas reformas constitucionales, entre ellas, que el Poder Judicial no puede revisar las reformas constitucionales, pero el problema es que, por la premura, cometieron diversos errores de procedimiento y, aún más grave, dejaron gravísimas contradicciones en la propia Carta Magna.

Además, el asunto que se verá hoy en la Suprema Corte estaba ya enlistado para resolución, por lo que es viable que el pleno aborde la constitucionalidad de la reforma al Poder Judicial, pues hay diferentes recursos con los que se le ha pedido analizar este caso. A pesar de que la discusión se ha dividido en dos partes, donde destaca la postura de Morena y aliados que sostiene que el alto tribunal no tiene estas facultades, diversos juristas consideraron que esto sí es posible: “En el procedimiento, no tengo ninguna duda que es revisable porque ahí se hicieron valer algunas violaciones al proceso legislativo en el sentido que no había quórum todo el tiempo, porque se cambió la sede, porque no se había podido discutir con el tiempo suficiente en las legislaturas locales (…) y hay doctrina de la Corte en materia de vicios del procedimiento legislativo”, resaltó Miguel Carbonell.

Y el punto central de la controversia, radica en que si el pleno de los once ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación puede revocar la reforma judicial recientemente aprobada, toda vez que hubo diversas impugnaciones a la misma y tiene gravísimas contradicciones entre artículos o párrafos contenidos dentro de la misma Carta Magna, pues en su momento se hicieron valer diversos amparos por violación de derechos humanos y laborales de los trabajadores, violaciones al proceso legislativo porque no había quórum debido a que se cambió la sede, porque no se había podido discutir con el tiempo suficiente en las legislaturas locales (por aprobar las reformas sin siquiera haberlas revisado) y además de vicios en el procedimiento legislativo, entre otros.

El ministro Juan Luis González Alcántara ha diseñado una salida que endereza hasta donde se puede la retorcida reforma: acepta la elección popular de los próximos integrantes de la Corte y rechaza la de los juzgadores de menor jerarquía. Es decir, que sean elegidos solamente los ministros, pero jueces y magistrados se elegidos por méritos profesionales y académicos.

El problema es que no sabemos hasta dónde la presidenta y el Congreso estén dispuestos a ceder para evitar el desacato a esta resolución.

Y sobre el dilema de los estadounidenses, hay que decir, por ahora, que los tiene al borde de una crisis sin precedentes. Solo hay algo más dañino para una democracia que hacer un fraude electoral. Y es que las afirmaciones temerarias de Donald Trump de que habrá un fraude electoral para que no llegue nuevamente a la Casa Blanca, pone en riesgo la credibilidad y la paz social de los estadounidenses. Las encuestas señalan que hay un empate técnico y algunas le dan una ligera ventaja a Kamala Harris.

Cabe recordar que durante el debate presidencial entre Donald Trump y Kamala Harris, ambos candidatos manifestaron que tomarán medidas para frenar la migración ilegal y la demócrata recordó que, entre el candidato republicano y ella, ha sido la única en formar parte del proceso de grupos delictivos dedicados al tráfico de armas, drogas y migrantes.

“La única persona en este escenario que ha procesado a organizaciones criminales transnacionales por tráfico de armas, drogas y seres humanos”, celebró. Harris destacó que en 2023 de acuerdo con el Instituto Nacional de Abuso de Drogas (NIDA) 74,702 personas fallecieron por sobredosis de fentanilo. En cambio, Donald Trump, además de criminalizar a los migrantes, ha lanzado una amenaza de aplicar severas medidas comerciales contra México, advirtiendo que impondrá aranceles de hasta un 25 por ciento si el país no refuerza el control migratorio en la frontera común.

La declaración fue realizada en un mitin en Carolina del Norte, a pocas horas de las elecciones presidenciales en Estados Unidos, donde se enfrenta a la vicepresidenta demócrata Kamala Harris en una contienda que las encuestas marcan como altamente reñida. Veremos.