Avanza en San Lázaro desaparición de organismos autónomos

CIUDAD DE MÉXICO, 6 de noviembre de 2024.- La Mesa Directiva de la Cámara de Diputados emitió la declaratoria de publicidad del proyecto de decreto de reformas constitucionales que plantean la extinción de siete órganos autónomos.

Los organismos que se propone extinguir son el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece).

Igualmente dejarían de existir el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), la Comisión Nacional de Mejora Continua de la Educación (MEJOREDU), la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y la Comisión Nacional Hidrocarburos (CNH).

El dictamen destaca en su régimen transitorio que las economías y ahorros que se generen con la extinción de estos entes públicos se destinarán al Fondo de Pensiones para el Bienestar, aclarando que los derechos laborales de los servidores públicos serán respetados en su totalidad.

Asimismo, otorgan al Instituto Nacional Electoral (INE) la competencia para conocer de los asuntos relacionados con el acceso a la información pública y la protección de datos personales a cargo de los partidos políticos.

En el caso del INAI, se derogan los párrafos relativos al funcionamiento y atribuciones del INAI, y el párrafo donde se reconoce la autonomía de este organismo se reforma para indicar que los sujetos obligados deberán promover, respetar, proteger y garantizar los derechos de acceso a la información pública y a la protección de datos personales.

Las funciones del CONEVAL el Inegi estará a cargo de la medición de la pobreza y la evaluación de los programas, objetivos, metas y acciones de la política de desarrollo social, así como de emitir recomendaciones en los términos que disponga la ley.

La Cofece transferirá sus facultades al Ejecutivo Federal para que cumpla con el objetivo del Estado de garantizar la libre competencia y concurrencia, a través de la dependencia encargada de formular y conducir las políticas generales de industria.

También el Ejecutivo será la autoridad en materia de competencia económica de los sectores de radiodifusión y telecomunicaciones, y le corresponderá el otorgamiento, revocación y autorización de cesiones o cambios de control accionarios, titularidad u operación de sociedades relacionadas con concesiones, tras la desaparición del IFT.

El cambio en el artículo 134 de la Constitución establece que los entes públicos ajustarán sus estructuras orgánicas y ocupacionales de conformidad con los principios de racionalidad y austeridad republicana, eliminando todo tipo de duplicidades funcionales.