Escenario político/ Daniel Adame Osorio

La reforma judicial en México es una historia en que los críticos del oficialismo son enemigos del pueblo y por tanto, no tienen agendas válidas. En su defensa, la oposición dispone sólo del debate público y testimonial al no tener la fuerza de los votos. Es verdad que acudirán junto con más ciudadanos a organismos internacionales que tendrán respuesta en años, con un tratamiento complejo de la impugnación al modelo judicial del lopezobradorismo.

En la política real, el obstáculo a la reforma judicial es el INE y su petición de 13 mil millones de pesos para la instrumentación de la reforma que, después de integrados los tres comités de evaluación, la ruta es a diciembre 15 para depurar el listado de quienes cumplieron con el promedio de 8 y, obtuvieron las 5 cartas de recomendación de sus vecinos. Depurado ese listado, hacia febrero 4 de 2025, la lista va al Senado y, en febrero 12 va al INE para la organización de la campaña judicial electoral de 2025.

En torno a los órganos autónomos constitucionales, es verdad que el INAI realizó una operación y gestión notables ante la élite del poder que fue insuficiente, por la decisión de la élite lopezobradorista de optar por la opacidad, eliminar la transparencia y el llamado a cuentas.

En el rubro del libre comercio, abandonamos el esquema del GATT-NAFTA que, implicó para los tres países de América del Norte, una zona de libre comercio con reglas basadas en el arreglo constitucional de cada Estado. México abandona el esquema con el argumento de la escasa eficiencia y, nada asegura que el gobierno mexicano logre la pretendida eficiencia, menos aún ante la coyuntura crítica actual. Queda claro que, con la desaparición de los órganos autónomos constitucionales, deberán ser sustituidos por órganos técnicos y especializados para gestionar los retos que se presentan por ejemplo en el marco del TMEC y también en los rubros de competencia y comunicaciones. En el contexto actual de cosas queda el control total al gobierno de los hidrocarburos, telecomunicaciones, transparencia y competencia y, el no disponer de la gestión técnica y especializada en materia de tratados internacionales, dificultará notablemente la viabilidad y negociación con la administración Trump en esos temas estratégicos.
En materia de prision preventiva oficiosa, se amplía el catálogo de delitos al narcomenudeo y el rubro fiscal. Cabe recordar que Naciones Unidas y la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenaron a México desde 2023, dado que la prisión preventiva oficiosa viola la presunción de inocencia, el debido proceso y el derecho a exhibir pruebas.

Todo lo anterior es muy grave desde la lógica de su implantación en México, dado que sumado al plan C de AMLO de febrero pasado, ahora la literalidad en la interpretación de los jueces está incluida desde el artículo 19 constitucional que, afectará especialmente a mujeres y a los mexicanos ubicados en el rubro de la pobreza.

Es verdad que desde 2023, la SCJN pudo acatar la sentencia de la CIDH y, ahora, cada rama del poder público debe hacerse cargo de sus decisiones y por tanto de las consecuencias.

La inauguración de enero 21 en la segunda y última administración Trump en la Casa Blanca, supone la confirmación que habitamos por lo menos hace una década, la edad incierta en la historia del mundo, en que el nuevo presidente dispondrá de una amplia mayoría en las cámaras del congreso estadunidense y, en la Corte Suprema de Justicia. Todo el poder para un hombre que ha enfrentado por lo menos 34 cargos y, ha experimentado alrededor de seis bancarrotas y, será el presidente 47 de los Estados Unidos con un simplista pero efectivo mensaje de campaña dirigido a sus bases no necesariamente desde los medios convencionales, sino especialmente en Tik Tok, por ejemplo.

Del Tintero.
Si México logra enfrentar y negociar desde la política real con Trump, tendrá una oportunidad para fortalecerse como sugiere desde la literatura, un clásico: México, un país de América del Norte. Es verdad que aún no sabemos si seremos una dictadura soberana o una autocracia popular (será el trabajo de los politólogos). Lo que sí es verdad, es que al no atenernos más a la Constitución y sus leyes, ya no somos una democracia liberal.

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