Visión financiera/Georgina Howard

Creció desorden inmobiliario en la CDMX con gobiernos de izquierda

Los gobiernos de izquierda en la Ciudad de México no han sido precisamente escrupulosos en el otorgamiento de permisos para construir, lo cual permitió la realización de proyectos inmobiliarios de gran calado en diversas zonas de la ciudad, en donde la normatividad no lo permite y ahora Clara Brugada tratará de resolver esta situación.

La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México mantiene una comunicación estrecha con los grandes desarrolladores de inmuebles y no tocará a quienes se apegan a la ley, pero actuará en contra de las empresas que no cumplan con las normas vigentes, informan los mismos desarrolladores.

Desde la gestión del perredista, Miguel Ángel Mancera, al frente del gobierno capitalino se emitieron excesivamente Polígonos de Actuación, que son  instrumentos para definir construcciones, fusiones de predios y usos de suelo, pero las inmobiliarias los usaron en colonias en donde no se puede, como son algunas de la alcaldía Benito Juárez.

Igualmente, compraron derechos al Fideicomiso Centro Histórico para transferir potencialidades de construcción de más pisos en edificios, hacia áreas en donde sólo se autorizan pocos niveles. La solución del problema no es nada fácil, como puede observarse.

*** Estrategia Nacional del Sector de Hidrocarburos y Gas Natural 2024-2030: implicaciones para la competitividad

TOME NOTA *** Priorizar el consumo nacional de hidrocarburos no debe ir en detrimento de los ingresos generados por las exportaciones petroleras. Sin alianzas con empresas privadas, Pemex no podrá cumplir con los objetivos planteados en la Estrategia.

Pemex necesita un régimen fiscal que le incentive a mejorar su desempeño operativo y minimizar costos. La estrategia presenta objetivos ambiciosos, sin una ruta crítica clara para su implementación.

Los hidrocarburos son un pilar de la oferta de energía del país, una fuente de recursos importante para la hacienda pública y un elemento toral de la transición energética, al mismo tiempo.

En este contexto, el 13 de noviembre, la Secretaria de Energía, Luz Elena González, presentó la Estrategia Nacional del Sector de Hidrocarburos y Gas Natural 2024-2030, la cual está anclada en los principios de soberanía y seguridad energética.

De cara a la presentación de la legislación secundaria de la reforma constitucional en materia energética, el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) analizó la Estrategia y destaca sus implicaciones en exploración y producción de hidrocarburos, gas natural, transformación industrial, régimen fiscal y apoyos del Gobierno Federal:

Exploración y producción de hidrocarburos líquidos

Priorizar el consumo nacional, no la exportación.

Mantener la producción de hidrocarburos líquidos en 1.8 millones de barriles diarios (MMbd).

Mantener relación de reservas y producción en el equivalente a por lo menos diez años de consumo.

Promover proyectos mixtos para la exploración y producción.

Implicaciones para la competitividad:

Será fundamental que en aras de alcanzar la meta de priorizar el consumo nacional, no se impacten negativamente los ingresos del Gobierno Federal. En 2023, las exportaciones petroleras ascendieron a 33.2 mil millones de dólares.

Los 1.8 millones de barriles de hidrocarburos líquidos incluyen condensados. Si se descuentan los condensados la producción actual asciende a 1.560 MMbd. Los campos de Zama y Trión posiblemente no sean suficientes para revertir la caída en la plataforma petrolera.

De acuerdo con lo anunciado por la administración, los proyectos mixtos serán el buque insignia de colaboración público privada en el sector hidrocarburos. No se aportaron mayores detalles sobre este esquema.

Actualmente, las figuras de participación privada son los contratos de servicios, de utilidad compartida, de producción compartida y las licencias.

En exploración y producción, los proyectos mixtos pueden asemejarse a las primeras tres figuras, ya sea utilizando a los privados como contratistas (servicios), compartir el riesgo a cambio de un determinado porcentaje de la utilidad (utilidad compartida) o a cambio de un determinado porcentaje de la producción (producción compartida).