Itinerario político/Ricardo Alemán
Matar autónomos, para ocultar corrupción
Urge convencer a los pueblos de que sus mayores enemigos son los hombres que les prometen imposibles.
Ramiro de Maeztu (1875-1936) Escritor español.
Por Víctor Sánchez Baños
La desaparición de órganos autónomos tiene muchas implicaciones. La mayoría negativas.
Quitan competitividad, crean conflictos comerciales con nuestros socios en América del Norte, estimulan la corrupción burocrática, estimulan la opacidad en la contratación de bienes y servicios, así como estimulan la creación de monopolios afines al gobierno en turno.
Pero vayamos por sector.
En competencia económica, los monopolios se estimularán, especialmente los de Estado como en materia de energía, donde creen que tendrían el botín más grande. Acabar con la Cofece y que lo tome el gobierno, necesitaría de profesionalizar a los investigadores de mercado que tienen en Comercio. Los bajos salarios impiden mejores condiciones. Y, no es culpa del titular, Marcelo Ebrard, sino forma parte.
En lo que toca al Instituto Federal de Telecomunicaciones, las pretenden trasladar a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, lo que implica darle manga ancha a las empresas que estén alineadas o maiceen a los funcionarios, para que puedan aumentar tarifas de servicios de comunicación y uso de las bandas de telecomunicaciones. Está en riesgo la libertad de expresión ya que los radiodifusores o dueños de televisoras que no estén alineados al oficialismo, podrían perder sus concesiones hasta con falsos criterios.
Por si fuera poco, ambos organismos están dentro de las obligaciones comerciales de México, en el marco del capítulo 18 de T-MEC, ya que se pierde la imparcialidad y el gobierno se convierte en un factor de inclinación de los intereses.
En el caso de las comisiones Nacional de Hidrocarburos y la Reguladora de Energía, sus funciones se trasladarán a Energía, que lidera Luz Elena González, la primera, y la segunda a la CFE, de Emilia Calleja.
Con esa medida, que será aprobada por el Congreso, el gobierno se convertirá en “juez y parte” en las decisiones sobre permisos y tarifas en los mercados de energía. Así, beneficiará a actores del Estado. Además, el capítulo 22 del T-MEC incluye una disposición sobre la necesidad de garantizar que los organismos reguladores de empresas del Estado, Pemex y CFE, ejerzan sus obligaciones de regulación de manera imparcial. El monopolio del Estado.
Lo del caso del INAI, lo descuartizan. Las funciones del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, se envían a la Secretaría de la Función Pública (ahora de Buen Gobierno y Anticorrupción); al nuevo Órgano de disciplina del Poder Judicial; los órganos de control de los organismos constitucionales autónomos; las Contralorías del Congreso de la Unión y al Instituto Nacional Electoral en lo que compete a partidos políticos.
Lo grave en este caso, es que el cerebro o centro de acopio de datos, quién lo manejará. Su costo de mantenerlo es de 45 millones de pesos anuales. Una bagatela. Pero, es poder, ya que cuenta con información del gobierno y de los datos personales de los mexicanos.
Así ocultarían los datos de corrupción de los funcionarios públicos y se rompen compromisos con el TMEC, en el capítulo 27.
En la evaluación de la miseria, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) pasa sus funciones al Instituto Nacional de Geografía y Estadística, un órgano que perdió su autonomía y sus datos pueden ser cuestionados, como el caso de la inflación. Así se oculta la incompetencia del gobierno.
En torno a la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (Mejoredu), sus funciones irán a la SEP. Esta comisión simplemente no logró mejorar la educación, que está en niveles mediocres y adoctrinados, en la 4T.
El pretexto para acabar con esos órganos autónomos, es ahorro de varios millones de pesos. Lo único cierto es que no es gran el ahorro, pero sirve para ocultar la corrupción gubernamental.
PODROSOS CABALLEROS
JALISCO Y EL PACTO FISCAL
Antes de dejar la gubernatura en Jalisco, Enrique Alfaro, da un sesgo fuera de serie a su estado: mandó una iniciativa para activar la salida del pacto fiscal acordado con la Secretaría de Hacienda. “(La idea) nunca fue de inicio salirse del pacto fiscal, era buscar un nuevo convenio, y si esa petición no era atendida, entonces tomar el camino de la salida”, dijo en conferencia de prensa el pasado 19 de noviembre. Este es un golpe al hígado al pacto fiscal, lo que implica que cada Estado tendría que cobrar sus impuestos y gastarlos, sin mandarlos a “una polla”, que es el presupuesto federal, y se reparta de acuerdo a las decisiones del Ejecutivo Federal. Esto es quitar poder al presidente de la República. Claro, que debe tomarse en serio, aunque dañe a estados pobres como Chiapas, Oaxaca y Guerrero, los que generan riqueza y la quieren para sus pueblos, como Jalisco, Nuevo León, Guanajuato, Querétaro y muchos más, en manos de la oposición, podrían sumarse. ¿Alfaro le puso el cascabel al gato?
REYERTA CCE Y CONCANACO
Con justificada razón, la Concanaco, que lidera Octavio de la Torre, está molesto con Francisco Cervantes líder del Consejo Coordinador Empresarial, luego que no fueron invitados los comerciantes al refrendo del Paquete Contra la Inflación y la Carestía (Pacic), en Palacio Nacional. El reclamo, lo hicieron oficialmente, mediante un comunicado. Alguien dinamita el camino de Paquito.
RESPONSABILIDAD SOCIAL Y GOBERNANZA
ZEEKR
Zeekr, la marca china de vehículos eléctricos de lujo, que lidera Edgar Suárez, redefine el concepto de movilidad culminó la primera fase del plan de expansión anunciado por la compañía al llegar a México en junio de 2024 y reafirma su compromiso con el mercado global de la movilidad eléctrica. Su éxito es espectacular. Alcanzó un total de más de 362,000 unidades entregadas desde su lanzamiento en 2021, debido a que son una experiencia que fusiona tecnología, lujo y sostenibilidad