Avala Senado aplicar prisión preventiva a vinculados por extorsión

CIUDAD DE MÉXICO, 27 de noviembre de 2024.- Con 94 votos a favor y 34 en contra de la oposición dividida por panistas, el pleno del Senado de la República aprobó por mayoría calificada la décima reforma constitucional del plan c que incluye la extorsión dentro del catálogo de delitos en los que el juez deba ordenar la prisión preventiva oficiosa.

El proyecto de decreto reforma el párrafo segundo del artículo 19 de la Constitución para sumar también los delitos relacionados con la ilegal introducción y desvío, producción, preparación, enajenación, adquisición, importación, exportación, transportación, almacenamiento y distribución de precursores químicos y sustancias químicas esenciales, drogas sintéticas, fentanilo y derivados. 

Y los delitos graves en contra de la salud, libre desarrollo de la personalidad, contrabando y cualquier actividad relacionada con falsos comprobantes fiscales.

PAN vota dividido

Tal como lo anticipó el senador del PAN, Francisco Ramírez Acuña, la bancada albiazul votó dividida en un ejercicio de libertad y principios democráticos. Estuvieron a favor los panistas Juan Antonio Martín del Campo Martín del Campo, Agustín Dorantes Lambarri, Miguel Márquez Márquez, Mauricio Vila Dosal, Guadalupe Murguía Gutiérrez, María de Jesús Díaz Marmolejo y Marío Humberto Vázquez Robles.

Posicionamientos de los grupos parlamentarios

Al fijar el posicionamiento del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda Hoeflich advirtió que la prisión sin juicio es un error y afecta a la gente en general, pero a la más pobre. “Es poco efectiva o es prácticamente ineficaz la prisión preventiva oficiosa porque no acaba con la delincuencia y porque en realidad no combate la impunidad”, asentó.

Por el PT, Geovanna Bañuelos destacó que esta “reforma no implica un desconocimiento de los derechos humanos, como ya se ha mencionado aquí, sino una ponderación necesaria para salvaguardar bienes superiores como la vida, la seguridad y la integridad de las personas. Los derechos humanos son universales, pero no absolutos, y su restricción debe estar justificada por el interés colectivo y el marco normativo”.

Por el PRI, Karla Toledo Zamora señaló en tribuna que el fentanilo y sus derivados hacen daño, por lo que en su partido piden “cadena perpetua para quienes cometan estos crímenes tan atroces”. Aunque aclaró que no acompañarán una reforma que prefiere la prisión sin sentencia, pues creen que la seguridad solamente se puede construir con justicia y no con celdas.

Por el PVEM, Juanita Guerra Mena defendió que actúan para que los mexicanos se sientan más seguros y los delincuentes estén en prisión, “así somos garantes de las obligaciones del Estado mexicano de salvaguardar la vida, la propiedad, la protección, la salud y el desarrollo integral en beneficio de la seguridad de las y los mexicanos”.

Por el PAN, Francisco Ramírez Acuña dijo que están de acuerdo en la prisión preventiva, pero en la justificada donde haya razón y se encuentren elementos para garantizar la aplicación de la justicia. Adelantó que la votación de la bancada sería dividida. 

En su postura, resaltó los principios humanistas de PAN que obligan a defender la dignidad personal y los derechos humanos de los mexicanos en todos los casos. “La figura de la prisión preventiva oficiosa lastima la dignidad de la persona en la medida que establece una pena anticipada que ignora el derecho humano fundamental de presunción de inocencia”, subrayó.

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