Niega Monreal división en bancada de Morena
CIUDAD DE MÉXICO, 29 de enero de 2025.- Representantes de la Asociación de Bancos de México (ABM) coincidieron que la iniciativa de lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo, presentada ante la Comisión de Justicia del Senado de la República, es clave para la banca mexicana y es necesaria una actualización, pues desde 2012 no se ha modificado.
La ABM coincide plenamente de contar con una regulación robusta en la materia de prevención de lavado de dinero, que nos permita evitar que recursos provenientes de origen ilícito o de actos ilícitos se integren al sistema financiero”, expresó José Luis Stein, director ejecutivo de Prevención de Delitos Financieros para México y Latinoamérica de HSBC.
El también coordinador del Comité de Lavado de Dinero de la ABM dijo también que en la ley de 2012, así como los demás ordenamientos relacionados deben modificarse periódicamente para incorporar los recientes estándares internacionales y atender las áreas de oportunidad que se identifiquen en la práctica.
El director de Cumplimiento Filiales de BBVA México y miembro de la ABM, Gabriel Ibarra Hernández, consideró que con esta iniciativa se debe fortalecer no sólo el cumplimiento técnico, sino también la efectividad contra este delito.
En los artículos transitorios aconsejó que debe quedar claro lo referente a los sujetos obligados, a fin de que no se dupliquen con lo establecido en la ley antilavado y que no se caiga en un estado de indefensión.
El asociado del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, Francisco Ernesto Patiño Richarte, apuntó que la propuesta va encaminada para establecer quiénes serán los sujetos obligados, así como capacitar a quienes harán cumplir la ley, por lo que el capacitador debe estar certificado de forma seria a través de organismos como la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
El director general de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Autos A.C, Fernando Lascurain Farell, refirió que la reforma propuesta debe lograr la efectividad y no el crecimiento desproporcionado de obligaciones para las actividades y profesiones financieras no designadas, además de fortalecer presupuestalmente a la UIF.