Acusa Magdalena Contreras anomalías en administración pasada por 24 mdp

CIUDAD DE MÉXICO, 6 de febrero de 2025.- La actual administración de la alcaldía Magdalena Contreras, a cargo de Fernando Mercado Guiada, informó sobre presuntas irregularidades detectadas en el Gobierno que encabezó Luis Gerardo Quijano, de 2021-2024.

El edil morenista detalló, en rueda de prensa, que han presentado 13 denuncias administrativas y cinco penales derivadas de diversas anomalías, pues en el acta de entrega-recepción se documentaron más de 239 observaciones, que actualmente son revisadas por la contraloría interna.

Entre las irregularidades más graves señaladas, se encuentran pagos duplicados a proveedores, los cuales, “supuestamente”, regresaron los recursos a la alcaldía, pero el dinero nunca ingresó a sus arcas, agregó Mercado Guiada, quien subrayó un boquete financiero de 24 millones de pesos entre 2021 y 2024.

Además, identificó la contratación de servidores públicos inhabilitados, quienes habrían ocupado cargos de dirección a pesar de contar con sanciones previas: “esto no solo es ilegal, sino que es una clara falta de ética”.

Agregó que otro punto preocupante es el uso de adjudicaciones directas en la contratación de obras y servicios. Según la ley, sólo el 20 por ciento de los recursos pueden asignarse sin licitación pública, sin embargo, en 2023, el Gobierno anterior, añadió, adjudicó directamente el 38 por ciento del presupuesto, superando el límite legal.

También detectó al menos 50 clausuras de establecimientos sin que se reflejaran los pagos de las multas correspondientes en la tesorería, por lo que “es evidente que hubo acuerdos irregulares que evitaron que esos recursos ingresaran al erario público”.

Resaltó que, a principios del 2024, los contratos incluían supervisión externa, pero tras las elecciones, se adjudicaron más de 50 obras sin supervisión, pues no “nos dejaron 120 frentes de obra abiertos sin vigilancia, lo que generó complicaciones para el inicio de nuestra gestión”.

Y subrayó la importancia de deslindar responsabilidades y garantizar que la Contraloría y la Fiscalía investiguen estos hechos, dado que “no seremos omisos ni corresponsables de estos actos”.