Acelerarán procesos de trámites públicos y prevendrán corrupción

CIUDAD DE MÉXICO, 7 de febrero de 2025.- La secretaria de Anticorrupción y de Buen Gobierno, Raquel Buenrostro Sánchez, admitió que aún falta mucho por hacer en la materia, por lo que priorizarán la parte preventiva desde los mecanismos y controles. 

Durante la presentación del informe y cambio de presidencia del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, Buenrostro sentenció: “Queremos meterle mucho a la parte preventiva, donde viene la parte de los mecanismos y los controles. Tenemos que cambiar los mecanismos, las normas, los tiempos, los procedimientos; no se vale que la gente tenga guardado un expediente, que lo retrasen, que no resuelvan y duren años con él”.

Por su parte, la presidenta entrante del Comité de Participación Ciudadana, Vania Pérez Morales, refrendó el compromiso para contribuir en la prevención, detección y sanción de la corrupción; además de construir instituciones sólidas y transparentes que respondan a las exigencias del pueblo de México.

De acuerdo con estimaciones del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), la corrupción en los trámites públicos asciende a más de 11 mil millones de pesos anuales.

Vania Pérez advirtió que este problema representa cinco por ciento del Producto Interno Bruto del país; es decir, una pérdida de más de 500 mil millones de pesos al año.

No podemos permitir que la corrupción continúe secuestrando el futuro del campo, la salud, la educación, el acceso a los derechos, por ello, es imprescindible fortalecer los mecanismos de prevención, detección, y que se garantice el resarcimiento del daño de las víctimas y la recuperación del activo”, indicó.

La titular de la Fiscalía Especializada en materia de Combate a la Corrupción, Luz Mijangos Borja, propuso modificar su marco normativo para responder a los nuevos tiempos e incluir tipos penales adecuados y actuales; además, consideró pertinente dar capacitación especializada en esta materia a las fiscalías y que los impartidores juzguen “con perspectiva de corrupción”.