Armerías, de la vista gorda

@guerrerochipres

Si Estados Unidos pretende frenar el tráfico de fentanilo, no basta con lo realizado desde México o calificar unilateralmente como terroristas a los cárteles, son necesarias acciones para impedir la llegada de armas a estos grupos. Y esas provienen del mercado estadounidense.

Aunque la lucha contra los cárteles ha sido tradicionalmente enfocada al trasiego de drogas, es indispensable reconocer que la violencia es detonada también por el flujo de armas desde el norte. La reciprocidad significa esfuerzos conjuntos.

La audiencia de esta semana en la Corte Suprema, relacionada con la demanda del gobierno mexicano presentada ante una Corte Federal en Boston, Massachusetts, en 2021, contra ocho empresas, entre ellas Smith & Wesson, Beretta, Colt y Glock, es un paso clave en la visibilización de la responsabilidad de las armadoras.

El centro de la demanda es muy sencillo: negligencia. Los fabricantes de armas saben que sus prácticas comerciales derivan en la llegada de sus productos a manos del crimen organizado y no hacen nada.

Reciprocidad. Si el gobierno de Donald Trump reclama cada vez más acciones en contra del tráfico de drogas, en particular de fentanilo —que abastece el mercado más grande de adicción—, y utiliza los aranceles como medida de presión, es necesario mirar la paja en el ojo propio.

De acuerdo con la Fiscalía General de la República, el 74 por ciento de las armas confiscadas en crímenes en México provienen de Estados Unidos, principalmente de los estados fronterizos de Arizona, California, Nuevo México y Texas; ocho de cada diez en posesión de los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación. La Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF por sus siglas en inglés) reconoce cinco rutas iniciadas en territorio estadounidense.

El debate está centrado en las imposiciones arancelarias, frente a las cuales la convocatoria de la Presidente Claudia Sheinbaum para congregarse el domingo en el Zócalo suma a la ciudadanía, gobiernos como el de la Ciudad de México encabezado por Clara Brugada, y la cúpula privada representada por el Consejo Coordinador Empresarial, presidido por Francisco Cervantes.

La complejidad en la relación con la administración trumpista atraviesa por diferentes aspectos, frente a los cuales el gobierno mexicano ha revelado resultados, desde la incautación de precursores químicos y drogas, la detención de objetivos prioritarios hasta el traslado de 29 narcotraficantes a Estados Unidos.

Hace falta correspondencia. La negligencia de las armerías no es un problema nuevo. La Ley de Protección del Comercio Legal de Armas (PLCAA), promulgada en 2005, otorga inmunidad a los fabricantes, lo que hace casi imposible responsabilizarlos por el uso de sus productos en crímenes transnacionales.

Hacerse de la vista gorda no es opción.

Salvador Guerrero Chiprés es el coordinador general del C5 de la Ciudad de México