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CIUDAD DE MÉXICO, 10 de marzo de 2025.- En un esfuerzo por mejorar la atención ante denuncias de acoso sexual y violencia de género en las alcaldías de la Ciudad de México, Movimiento Ciudadano (MC) busca implementar un sistema de protocolos para tratar los casos de manera efectiva y segura.
La presidenta del Consejo Consultivo de MC, Margarita Provencio, manifestó que a pesar de los avances, la implementación de estos mecanismos enfrenta desafíos, especialmente en lo que respecta a la protección y el bienestar de las víctimas, quienes temen a las represalias y la revictimización.
El proceso comenzará cuando una persona consideré que ha sido víctima de acoso o violencia sexual en su lugar de trabajo o en el entorno laboral dentro de las alcaldías, siendo el primer paso hablar con un encargado de primer contacto.
Este personal será designado específicamente por las Contralorías de cada alcaldía, la cual deberá contar con la capacitación adecuada en manejo de casos de violencia de género, para garantizar que las denuncias sean atendidas con el respeto y la sensibilidad que requieren.
“Las denuncias podrán realizarse de forma anónima, escrita u oral, y se dará especial atención a evitar que las víctimas enfrenten represalias o sufran una nueva victimización al presentar su caso”, señaló.
Una vez realizada la denuncia, el órgano de control interno tendrá 48 horas para convocar a un comité compuesto por diversas personas de distintos sectores de la administración pública, incluidas figuras como concejales y defensores de derechos humanos
“Este comité es clave para asegurar que no sea una sola instancia la encargada de resolver la denuncia, sino que haya una evaluación plural y diversa”, recalcó.
Tras esto, el comité evaluará cada denuncia, en caso de proceder con una investigación, se inicia un proceso formal, donde se asegura que la víctima no sea nuevamente puesta en una situación de revictimización, contemplando la aplicación de medidas cautelares para proteger a la denunciante durante el proceso.
La emecista destacó que en casos de denuncias graves, como violación sexual, las autoridades locales informan que la investigación debe ser transferida a las fiscalías y ministerios públicos correspondientes, ya que se trata de un delito penal, fuera de la competencia administrativa.