La mediación administrativa: justicia sin conflicto

Por el Dr. Luis Eduardo Gómez García

En tiempos donde la confianza institucional es un bien escaso, la justicia administrativa tiene una oportunidad invaluable para renovarse, fortalecerse y acercarse a la ciudadanía desde un enfoque más humano: la mediación. Esta herramienta, poco explorada aún en el ámbito del derecho público, representa una vía legítima, ágil y pacífica para resolver controversias entre particulares y autoridades, sin necesidad de llegar a juicio.

Tradicionalmente, los conflictos administrativos han sido tratados mediante procedimientos formales, escritos y muchas veces prolongados. Aunque este camino es válido y necesario en múltiples ocasiones, no siempre es el más eficiente ni el más adecuado para todos los casos. Especialmente cuando lo que se busca no es “ganar”, sino restablecer la legalidad con diálogo, comprensión mutua y voluntad de solución.

La mediación administrativa permite precisamente eso: crear espacios institucionales donde las personas puedan dialogar con las autoridades, entender el fondo del problema, proponer alternativas y construir soluciones de manera voluntaria. No se trata de debilitar el derecho ni de sustituir al Tribunal, sino de fortalecer el acceso a la justicia desde nuevas formas, más cercanas, más empáticas y menos confrontativas.

En mi experiencia como servidor público y ahora como Magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, he podido constatar que muchos de los conflictos que llegan a nuestras salas pudieron haberse resuelto con voluntad y diálogo desde el origen. Multas impugnadas, clausuras, trámites negados o errores administrativos son temas que, con un canal adecuado de mediación, pueden evitar largos juicios, disminuir costos y mejorar la relación entre ciudadanía y gobierno.

Implementar mecanismos institucionales de mediación no solo contribuiría a descongestionar los tribunales, sino que enviaría un mensaje poderoso: el Estado está dispuesto a escuchar y corregir cuando es necesario. Además, se trata de una forma de justicia restaurativa en el ámbito administrativo, donde el objetivo ya no es solo resolver un expediente, sino recomponer el vínculo entre los ciudadanos y sus autoridades.

Por supuesto, para que esto sea posible se requiere voluntad política, capacitación especializada, normas claras y un cambio cultural en la forma en que concebimos el servicio público. Pero los beneficios son indudables: una justicia más ágil, más cercana y más confiable.

México necesita instituciones que no solo resuelvan conflictos, sino que ayuden a prevenirlos y gestionarlos con inteligencia. La mediación administrativa es un puente hacia ese futuro. Un puente que debemos construir entre todos: autoridades, juzgadores y ciudadanía.