
Guadalupe Torrentera, la muñequita del corazón de Pedro Infante
La reforma a la Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión abre las puertas para que, de manera legaloide, el Gobierno Federal censure a quien se le antoje, a pesar de que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo insista en afirmar lo contrario.
La realidad supera a cualquier discurso presidencial, ya que dicha reforma, aprobada por Comisiones del Senado de la República no sólo plantea prohibir la propaganda extranjera, sino que empodera a la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones con facultades en esa materia, como el otorgamiento de concesiones y la supervisión de contenidos.
Concentra en un solo organismo, la Agencia de Transformación (todo es Transformación en este sexenio, aunque realmente se impulsen retrocesos), la tarea que antes era competencia de diversos entes, como la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y el Instituto Federal de Telecomunicaciones, ya desaparecido.
La reforma impide que gobiernos extranjeros utilicen los medios de comunicación nacionales para influir en los asuntos internos del país y especifica que las plataformas digitales, cuyos contenidos estén disponibles en México, no podrán comercializar espacios publicitarios para la difusión de publicidad, propaganda o cualquier información, con excepción de aquella relacionada con fines culturales y turísticos, lo cual parece lógico y positivo.
Sin embargo, al tomar como excusa limitar propaganda de gobiernos o entidades de otros países en nuestro país, el Gobierno de la 4 T encontró el pretexto perfecto para controlar incluso los contenidos en radio, televisión y medios digitales y podrá suspender concesiones y sacar del aire a plataformas, cuando lo exija el interés público o por razones de seguridad nacional, a solicitud del Ejecutivo Federal, al aplicarse esa reforma.
Estos son los controles que mantienen los gobiernos en países totalitarios, para acallar las voces de periodistas, políticos o ciudadanos que denuncian los atropellos del poder público.
¿Ya no informarán los medios sobre casos de corrupción en los gobiernos federal, estatales y municipales?
¿Qué sucederá con las quejas de las madres de desaparecidos sobre el deficiente apoyo de autoridades para buscar a sus hijos?
¿Qué pasará con las denuncias de los transportistas sobre los robos impunes que sufren en carreteras, al parecer con la complicidad de la Guardia Nacional?
¿Cuál será la respuesta a las denuncias de enfermos que no tienen medicamentos por la negligencia de las instituciones del sector salud?
¿De que manera se canalizarán las exigencias de los mexicanos que piden públicamente que el Gobierno Federal dé a conocer el costo de las obras públicas con dinero del pueblo?
¿Qué respuesta tendrán los señalamientos de los políticos opositores acerca de las fallas y la corrupción de funcionarios?
En todos los casos, el Gobierno de la 4 T puede censurar las noticias sobre este tipo de tópicos y otros más, por considerar que afectan la “seguridad nacional”. ¿Quién calificará hasta qué punto se vulnera la seguridad nacional?, porqué no puede afirmarse que el prestigio de ningún político o partido son asuntos de “seguridad nacional”.
Igual de escurridizo es el término “interés público”, cuando por décadas muchos gobiernos han aplicado este concepto para proteger sus propios intereses.
La Alianza de Medios MX advirtió sobre los riesgos que representa la reforma en Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión para la libertad de expresión y la sostenibilidad del periodismo en México.
A través de un comunicado, expresó su preocupación ante la desaparición del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), porque implica que el Poder Ejecutivo tendrá un control absoluto sobre los contenidos.
La «falta de contrapesos institucionales, puede abrir la puerta a decisiones discrecionales que afecten la pluralidad de voces, la competencia justa y, en última instancia, la libertad editorial», afirmó.
Por eso, la Alianza de Medios MX pidió a la industria de los medios ser tomada en cuenta como un «actor clave en esta discusión» y la elaboración de la nueva ley.
Los gobiernos de Cuba, Nicaragua y Venezuela ejercen un estricto control sobre los medios de comunicación. En la isla caribeña, desde el triunfo de su revolución sólo existe la prensa gubernamental, que exalta a raja tabla las acciones de la dictadura castrista, aunque resulten lesivas para los cubanos, en tanto que, en los otros dos países, Daniel Ortega y Nicolás Maduro se han encargado de perseguir a los medios y periodistas independientes.
México no es ninguna de esas naciones. No es sólo asunto de redacción, como pide la presidenta Claudia Sheinbaum que rectifiquen en el Senado, es un tema de mucho fondo, porqué se aplicaría una censura total en contra de quien emita cualquier información que no le guste al gobierno.
Ojalá y Sheinbaum se dé cuenta de ello. Ella puede mandar las rectificaciones de redacción que sean necesarias al Senado o ¿será que los senadores de Morena no le harán caso? Aún está a tiempo de contribuir a que la libertad de expresión en el país no se pierda.
IMPACTO NEGATIVO DE LA IA EN LA ECONOMÍA EN LA INDUSTRIA MUSICAL
El impacto de la Inteligencia Artificial (IA), ya inquieta a la industria musical, que el próximo 28 de abril realizará el encuentro Los Derechos de la Música ante la Inteligencia Artificial, auspiciado por la Sociedad de Autores y Compositores de México (SACM), en coordinación con el Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual (IMPI).
En el evento, que se realizará en las instalaciones de la SACM, en dos conversatorios se analizará la defensa y protección de la propiedad intelectual en la música y la prospectiva de la gestión colectiva de los derechos musicales frente a la IA. En el encuentro participarán especialistas de la UNAM, del IMPI y de la SACM, entre otros.
En el evento se analizará que la industria de la música en México se consolida como una de las más importantes en el mercado global y actualmente es la número 8 en consumo digital mundial.
Información de FES-Acatlán de la UNAM indican que la implementación de la Inteligencia Artificial afectará a 35 % de los empleos a nivel nacional, mientras que un 19% de trabajadores realizará la mitad de las tareas que hacen hoy.
Entre 2023 y 2028 la industria musical de todo el mundo registrará pérdidas por 2,700 millones de euros, debido al uso de Inteligencia Artificial en ese sector, de acuerdo con un estudio de la consultora alemana Goldmedia, la cual revela que peligra 27% de los ingresos de autores de los creadores musicales, situación que prendió las alarmas en nuestro país.