Entre micrófonos y mordazas

En un país donde la libertad de expresión aún se conquista todos los días, la nueva iniciativa de la Presidenta de México para reformar la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión levanta más alarmas que aplausos. Si bien es legítimo y necesario proteger la soberanía informativa frente a campañas de propaganda extranjera —como la tristemente célebre pieza antiinmigrante promovida desde el extranjero—, el remedio propuesto podría salir más caro que la enfermedad, sobre todo para un sector vulnerable pero vital: las radios universitarias públicas.

La reforma plantea sanciones severas —de hasta el 5% de los ingresos— para medios que transmitan propaganda de gobiernos extranjeros. Aunque el espíritu de la ley busca blindar a México de influencias ajenas, el diablo está en los detalles. Y esos detalles, en este caso, son los vacíos conceptuales y las ambigüedades que podrían poner en jaque a emisoras con vocación educativa y sin fines de lucro.

Las radios universitarias no son ni Televisa ni TV Azteca. No compiten por ratings ni lucran con pautas comerciales. Son espacios de formación, reflexión, cultura y crítica. Muchas han tejido alianzas internacionales para co-producir contenidos académicos, científicos o culturales con otras instituciones del mundo. ¿Acaso transmitir un programa de Radio Francia Internacional o una serie documental producida con la UNAM y una universidad alemana podría ser considerado “propaganda extranjera”? Si no se clarifica la definición, la autocensura será el camino más seguro… y más triste.

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