
La FSTSE vive una nueva etapa con Marco Antonio García Ayala
CIUDAD DE MÉXICO, 30 de abril de 2025.- Hasta 50 años de prisión y una multa de 113 mil 400 pesos a la persona que fabrique, transporte, posea, porte, comercialice o haga uso de artefactos explosivos improvisados para actividades de la delincuencia organizada, por aprobación de la Senado de la República.
Además, se impondrá una pena de hasta 15 años de prisión y multa de 226 mil 300 a quienes fabriquen o ensamblen armas a partir de piezas, componentes o accesorios originales, improvisados, artesanales o maquinas 3D, así como aditamentos para convertir armas semiautomáticas en automáticas.
Por unanimidad de 105 votos a favor, el Pleno avaló el dictamen por el que se reforman más de 100 artículos de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, con lo que se pretende fortalecer el control estatal sobre todas las actividades conexas con armas, explosivos, pirotecnia y sustancias químicas relacionadas.
El proyecto enviado al Ejecutivo federal para su decreto, fortalece la sanción con hasta seis años de cárcel y multa de 22 mil 680 pesos contra quienes modifiquen o destruyan ilícitamente cualquier dato de identificación de un arma, como el número de matrícula o número de serie de fabricación, número único de arma, fabricante y lugar de fabricación.
Ana Lilia Rivera Rivera, presidenta de la Comisión de Defensa Nacional, enfatizó que el dictamen no busca criminalizar a quienes poseen armas conforme a derecho, sino cerrar los espacios de impunidad para quienes abusan de él y fortalecen las cadenas de violencia en México.
La morenista destacó los cambios al Registro Federal de Armas de Fuego y Control de Explosivos al quedar a cargo, exclusivamente, de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
Con ello, se busca reforzar las reglas aplicables a la posesión, portación, comercio y transporte de armas, y se prohíbe expresamente su envío mediante servicios de paquetería.
Además, destaca en el dictamen la incorporación de las nuevas tecnologías, así como la prohibición de las armas fabricadas mediante impresiones 3D, lo que regula los artefactos explosivos improvisados y los dispositivos de activación remota, que se usen en actividades vinculadas al crimen organizado.