Por el derecho constitucional a la vacunación

En los recientes años, México ha experimentado un alarmante retroceso en materia de salud pública, particularmente en lo que se refiere a la vacunación.

La negligencia del gobierno federal encabezado por Morena ha colocado a nuestro país en una situación crítica que compromete la vida de miles de personas, especialmente de las niñas y niños.

No es un tema menor: estamos hablando de la protección más básica contra enfermedades prevenibles, que hoy resurgen debido a la omisión criminal del gobierno. A más pobreza, menor vacunación y más enfermedad.

Padecimientos que estaban prácticamente erradicados, como el sarampión, tuberculosis y tosferina, han vuelto a cobrar vidas en territorio nacional. Esto es resultado directo de la irresponsabilidad del gobierno, que ha fallado en la compra oportuna y aplicación eficiente de vacunas, ignorando tanto los estándares internacionales como las recomendaciones de los organismos especializados.

La niñez mexicana, que ya carga con las heridas de la pobreza, desigualdad, violencia, abandono y discriminación, ahora también enfrenta la negligencia sanitaria de un gobierno que prometió primero los pobres, pero que los ha dejado al último en todo.

La gravedad de esta omisión no puede seguir siendo tolerada. Por ello, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) ha puesto sobre la mesa la propuesta de profundo contenido humanista y responsabilidad social: establecer en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos el derecho a la vacunación.

Esto significa elevar a rango constitucional la obligación del Estado de garantizar esquemas completos y gratuitos de inmunización para toda la población, especialmente para niñas, niños, adolescentes y grupos vulnerables. Significa también dar a la ciudadanía las herramientas legales para exigir este derecho y emprender acciones jurídicas en caso de incumplimiento.

No se trata solo de política, se trata de justicia y de vida. En una nación donde las enfermedades prevenibles están matando a personas por la ineptitud gubernamental, no podemos quedarnos cruzados de brazos.

La salud es un derecho humano, y la vacunación es una de sus principales puertas de entrada.

Por eso, constitucionalizarla es una medida urgente y necesaria. Por más que busque tender cortinas de humo, es evidente que Morena ha fallado estrepitosamente en todos los frentes, pero el más doloroso es éste: el que condena a las actuales y futuras generaciones a un país enfermo no solo en lo económico o en lo democrático, sino también, literalmente, en su cuerpo.

México no merece esta tragedia. México necesita gobiernos que protejan, no que abandonen. Y necesita una Constitución que garantice, no que permita la omisión.

La iniciativa del PRI es un paso firme por la vida, salud y dignidad de todas y todos los mexicanos. Porque vacunarse no debe ser un privilegio, debe ser un derecho constitucional.