Contexto

EL INE confirma que habrá una baja participación ciudadana en la elección judicial y Morena prepara a sus brigadistas.

Fernando Ramírez de Aguilar L.

Desde la semana pasada les dije que la elección judicial del próximo domingo será un rotundo fracaso. Y los hechos nos dan la razón. Nada menos que las declaraciones de la presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei Zavala, no sorprendieron a nadie y solamente generaron malestar entre los morenistas. Dijo que ese instituto espera entre un 13 y 20 por ciento de participación ciudadana –cálculo que ya habían hecho algunas empresas encuestadoras serias que estiman entre 13 a 18 por ciento–, del padrón electoral en las elecciones del Poder Judicial.

Dicho lo anterior, las brigadas morenistas han intensificado su “promoción al voto” en las calles y quien esto escribe les preguntó a dos de ellas si sabían la diferencia que entre lo qué es ser magistrado o ministro y una de ellas respondió: “¡¡¡Pues uno es magistrado y otro ministro!!!!” …

Según Guadalupe Taddei Zavala “nosotros esperamos siempre el cien por ciento de la participación ciudadana. De acuerdo con estudios, datos del INE, tenemos claridad de que la participación ciudadana de una elección presidencial es sustancialmente más alta que en otras elecciones. En las elecciones intermedias traemos un promedio de participación estable y en los ejercicios como la revocación de mandato y la consulta popular se da otra participación (mucho menor) que son los referentes que pudiéramos tener para intentar estimar una posible participación». Y justificó más:

«Al ser este el primer proceso electoral en esta materia, eso es otro elemento, porque no teníamos en nuestro conocimiento y en nuestro haber este proceso, eso también hace mella en la participación ciudadana, con esos datos comparto que entre el 13, 18 y hasta el 20 por ciento es lo que más o menos estaríamos esperando, no es una cifra oficial, pero estaremos atentos a lo que ocurra», aclaró.

En lo que calificó como un ejercicio inédito, Taddei Zavala aceptó que la elección enfrenta diversos retos como la inseguridad, el intento por influir en las elecciones a través de los llamados “acordeones” y miembros de partidos políticos que quisieron acreditarse como observadores de los comicios. Además, la inseguridad, ya que están conscientes de que existen focos rojos como los estados de Michoacán, Veracruz y Tamaulipas.

Se estima que Morena, el Partido Verde y el Partido del Trabajo movilizaron desde hace algunos meses cerca de veinte mil brigadistas que han estado promoviendo la elección judicial y en algunos estados, como Tlaxcala, Veracruz, México, Guerrero y Oaxaca, han estado pidiendo la credencial de elector a cambio a dinero o prometiendo que los meterán a los programas sociales. Diversos analistas estiman que habrá un altísimo abstencionismo ciudadano y que los morenistas ya están preparando movilizaciones de acarreados para disfrazar su fracaso. Y ahora con el ingrediente de que, en Michoacán, Guerrero, Oaxaca, México, Ciudad de México, Tlaxcala, Puebla, Chiapas, Veracruz y Yucatán, los integrantes de la CNTE amenazan con boicotear los comicios.

Lo que es un hecho, es que sea cual sea el resultado de dicha elección, ya se sabe quiénes son los        que llegarán a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Les adelanto que la presidirá Fabiana Estrada Tena, con 26 años de experiencia en el Poder Judicial de la Federación. Durante 15 años fue secretaria de Estudio y Cuenta y se desempeñó como coordinadora general de asesores de la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (2019-2022), con Arturo Zaldívar Lelo de la Rea.

Las actuales ministras que llegaron durante el sexenio de López Obrador: Yazmín Esquivel Mossa, Lenia Batres Guadarrama y Loretta Ortiz Ahlf; Paula María García Villegas Sánchez Cordero, magistrada federal e hija de Olga Sánchez Cordero; Hugo Aguilar Ortiz, indígena mixteco, abogado egresado de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca y con más de 30 años de lucha por los derechos de los pueblos originarios y afromexicanos; Sergio Javier Molina Martínez, consejero de la Judicatura federal y protegido de AMLO; Ricardo Alfredo Sodi Cuellar, presidente del Tribunal Superior de Justicia del estado de México; mientras que Celia Maya García y Bernardo Bátiz Vázquez como los favoritos para ser magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial que sustituirá al Consejo de la Judicatura.

Otro gravísimo problema es que el Consejo de la Judicatura Federal ya notificó a magistrados y jueces que ya informaron que no seguirán en el poder judicial y que ya solicitaron sus fondos de ahorro y de retiro y que estaban depositados en fideicomisos, que no tiene dinero para indemnizarlos, porque Nafin, que dirige Luis Antonio Ramírez desde enero de 2022, cedió esos fideicomisos al gobierno federal, lo que constituye un gravísimo delito. En fin. Eso debe tener consecuencias tanto para Nafin como para la Secretaría de Hacienda.

Pasando a otro asunto, no menos grave, la reacción del gobierno del segundo piso de la Cuarta Transformación, ante grupos beligerantes, necios, destructores y violentos ha sido de complacencia o debilidad, afectado a miles de ciudadanos, incluidos los comercios y el transporte. Y algunos grupos delincuenciales han escalado a niveles de poner en entredicho la fuerza del propio Estado mexicano. Pareciera que hay un descontrol en el mando.

El asesinato de Ximena Guzmán, secretaria particular de Clara Brugada, y el asesor José Muñoz en calzada de Tlalpan, cerca del Metro Xola, demostró, según las primeras investigaciones de la Fiscalía, se trató de un ataque directo y planeado en el que participaron al menos cuatro personas.

¿Quién los mandó matar?  Y ¿Por qué el gobierno pidió a los medios de comunicación masiva censurar este asunto? Es lamentable que la mayoría de los medios de información hayan cedido ante la censura, cuando es un tema público que nos interesa como sociedad, pues muchas personas dicen razonablemente que si eso les pasa a los funcionarios qué nos puede ocurrir a los simples ciudadanos

Por ahora, la Secretaría de Seguridad de la CDMX abrió una investigación sobre una supuesta manipulación de indicios en el caso. En una tarjeta informativa, confirmó que «en atención a diversas denuncias sobre conductas violatorias a la normatividad que rige la actuación policial, la Dirección General de Asuntos Internos inició una investigación administrativa para deslindar responsabilidades».

«A la par de estos hechos, se comenzó un proceso de ajuste en el cuadro de mandos para fortalecer el trabajo de seguridad ciudadana en línea con la Estrategia de Seguridad y Construcción de Paz instruida por la jefa de Gobierno», añadió.

Este doble asesinato político no debe quedar en la impunidad como otros atentados llevados a cabo en esta ciudad capital. Recuerden que el 26 de junio de 2020, en Lomas de Chapultepec, un comando atentó contra Omar García Harfuch. El 15 de diciembre de 2022, otro comando, trató de matar a Ciro Gómez Leyva, que se salvó por el blindaje de su camioneta. El 21 de julio de 2024, ocurrió el asesinato de Milton Morales Figueroa, coordinador de la Unidad de Estrategia, Táctica y Operaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México.

¿Y la seguridad, gobernabilidad y democracia?…

Mientras tanto, que los vándalos con sus caras cubiertas con pasamontañas sigan rompiendo con martillos, varillas y hachas cristales de comercios en Paseos de la Reforma, avenida Juárez, Madero y 5 de mayo. Faltaba más, al fin y al cabo, según ellos, los morenistas, este gobierno no es represor. ¡¡¡Y que el país se lo lleve aún más el carajo!!!