Contexto

Más de 50 mil mexicanos han sido deportados de Estados Unidos en un semestre y lo que se viene. Los aranceles y el tráfico de armas

Fernando Ramírez de Aguilar L.

Varios analistas con lo que yo coincido sostienen que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, debió viajar a Canadá, no en un vuelo comercial, sino en un avión de la Fuerza Aérea Mexicana, pues se va a reunir, como invitada, con los líderes a las principales economías del mundo. Con ese estilo personal de gobernar, no debe mostrar ni debilidad ni mucho menos pobreza. Y más si se reúne con el nefasto de Donald Trump, por lo que no debe ni puede llegar en calidad de ratoncita ni mucho menos como una gobernante débil y fácil de amendrentar.

Y es que la agenda a tratar es amplia. Veamos algunos rubros:

La administración de Sheinbaum reconoció que 56,298 connacionales han sido deportados por Estados Unidos desde que Donald Trump asumió la presidencia desde el pasado 20 de enero, además de que cada año ingresan ilegalmente a nuestro país unas 200 mil armas de fuego desde EU y las autoridades mexicanas solo logran recuperar unas 20 mil. O sea, solamente se confisca el 10 por ciento. ¿Y qué hacen los estadounidenses para frenar el problema? pues en los hechos nada.

Y a todo esto, habría que sumar el nuevo impuesto decretado por el presidente estadounidense, a las remesas que se están viendo muy afectadas derivadas de un nuevo ingrediente y que son las redadas migratorias, así como nuevos aranceles como al acero y al aluminio y otros intentos de incumplimiento al tratado vigente trilateral de libre comercio junto con Canadá.

Según el subsecretario de Gobernación (Segob), Félix Arturo Medina Padilla, bajo el programa “México te abraza”, el gobierno de México cuenta con el apoyo de los gobiernos fronterizos de Baja California, Chihuahua, Sonora, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas donde se instalaron diez centros de atención con el propósito de brindar alojamiento y atención integral a los deportados.

El funcionario detalló que los centros cuentan con la capacidad operativa para atender hasta 25 mil connacionales simultáneamente y que se ha registrado la llegada de 12,183 paisanos vía área.

Medina apuntó que “las personas repatriadas vía terrestre que deciden no acudir a los centros de atención también son atendidas” al recibir “su carta de repatriación, alimentos, acceso a llamadas telefónicas, orientación jurídica y boletos de autobús hacia sus lugares de origen”.

También dijo que más de 19,282 han recibido la Tarjeta Bienestar Paisano con dos mil pesos para sus gastos de traslado a su lugar de origen, así como 34,918 afiliaciones al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) por razones humanitarias y por solidaridad con los repatriados.

El tema de fondo es que esos poco más de 50 mil mexicanos deportados de Estados Unidos se fueron del país porque en sus lugares de origen no hay oportunidades laborales, la delincuencia organizada se ha apoderado de muchas propiedades y está cobrando cuotas o los quiere reclutar y los recursos de los programas sociales son insuficientes. Veremos que pasa en menos de tres meses.

La organización no gubernamental Artículo 19, comentó la “Ley Censura” en Puebla y el caso del periodista Jorge Luis González, hechos que vuelven a encender las alarmas contra la libertad de expresión en México.

Pedro Cárdenas, oficial del Programa de Protección y defensa de Artículo 19, dijo que México vive un momento crítico para la libertad de prensa pues mientras que en Campeche el periodista Jorge Luis González enfrenta una prohibición de ejercer el periodismo por 2 años, en Puebla se aprobó una polémica ‘Ley de Ciberseguridad’ que criminaliza opiniones críticas. Cárdenas alertó sobre este patrón de censura que se extiende en estados gobernados por Morena.

El Congreso de Puebla aprobó reformas al Código Penal que penalizan «insultos» a autoridades (incluso en redes sociales); Criminalizan la difusión de datos personales, afectando investigaciones periodísticas; No distinguen entre discurso de odio y crítica legítima; «Bajo esta ley, un tuit como ‘El gobernador es incompetente’ podría ser delito. La Corte Interamericana ya dijo que las autoridades deben tolerar más crítica», explicó Cárdenas.

«No son coincidencias. Es un manual: saturan de juicios al periodista hasta quebrarlo o silenciarlo», sentenció Cárdenas, lo que podría dejar en evidencia la crisis de libertad de expresión que enfrenta México.

Jorge González Valdez, exdirector del portal Tribuna, afirmó que enfrenta una persecución orquestada por el gobierno de Layda Sansores, luego de que una jueza estatal lo vinculara a proceso bajo cargos de incitación al odio y violencia en contra de la gobernadora de Campeche. Además de ordenar el cierre del portal Tribuna, prohibir a González Valdez ejercer el periodismo durante dos años e imponer una indemnización de dos millones de pesos por daño moral, la jueza ordenó el embargó algunas de sus propiedades.

González Valdez, reconocido periodista con más de 50 años de trayectoria, denunció que el procedimiento es una represalia en el marco de una “persecución” de Sansores en contra de voces críticas en el estado. “Desde que comenzó el gobierno de la señora Sansores, los campechanos hemos visto que la libertad de prensa y expresión están totalmente amenazadas”, afirmó en la entrevista.

Frente a esta situación, Jorge González afirmó que agotará todos los recursos legales, incluido el juicio de amparo, pero advirtió que el procedimiento deja en evidencia “un debilitado Estado de derecho en Campeche” y pone en entredicho tanto la libertad de expresión como el acceso a la justicia en el territorio.

La hipocresía hecha gobierno.

Hace unos días, la Suprema Corte de EU rechazó por unanimidad la demanda que el gobierno mexicano presentó en 2021 contra ocho fabricantes de armas estadounidenses. El argumento fue claro: la Protection of Lawful Commerce in Arms Act (PLCAA), vigente desde 2005, que protege a los fabricantes de armas en Estados Unidos cuando sus productos funcionan como fueron diseñados, incluso si son usados ilegalmente por terceros.

La iniciativa fue impulsada por el entonces secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, quien presentó la demanda como “un acto valiente e innovador”. En realidad, fue una estrategia propagandística que sirvió más a sus aspiraciones políticas que al interés nacional. A pesar de lo que establece la PLCAA, Ebrard decidió litigar durante casi cuatro años con el respaldo de Andrés Manuel López Obrador. El resultado era previsible: la demanda fue desechada por carecer de base legal. La Suprema Corte ni siquiera quiso revisar el fondo del caso.

Según la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) de EU, aproximadamente el 74 por ciento de las armas rastreadas en México provienen de ese país, principalmente de Texas, Arizona y California. Cada año ingresan ilegalmente unas 200 mil armas de fuego a nuestro país desde EU y las autoridades mexicanas solo logran recuperar unas 20 mil.

Desde que inició la llamada “guerra contra el narcotráfico” en diciembre de 2006 hasta mayo pasado, se han cometido aproximadamente 464 mil homicidios dolosos en México y el 73 por ciento de ellos fueron realizados con armas de fuego. La magnitud del problema es innegable.

El gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum debería de insistir sobre este asunto al bocón de Donald Trump o amenazarlo de que retirará a la guardia nacional de la frontera