De norte a sur

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Prohibida la crítica

México está avanzando en leyes sobre ciberseguridad, o eso pensábamos hasta que se aprobó en Puebla la ley que castiga con penas de hasta tres años de cárcel a quienes ofendan o insulten en redes sociales, los más afectados eran políticos de la entidad que no aguantaron las críticas que reciben diario por su mala gestión. A simple vista esta ley reprime la libertad de expresión, ya advirtieron medios de comunicación y organizaciones que se trata de censurar la crítica al gobierno. Así se protege el gobernador de Puebla, Alejandro Armenta quien pretende seguir los pasos de Layda Sansores, la gobernadora de Campeche que recién argumentó incitación al odio contra su persona y por lo que un juez vinculó a proceso al periodista Jorge Luis González Valdez, ex director del diario Tribuna, y a Isidro Yerbes, representante legal de Organización Editorial del Sureste, también se ordenó cerrar el medio informativo, además al periodista se le prohibió ejercer su profesión, y es preocupante porque cualquiera puede ser señalado y perseguido solamente porque a alguien con poder no le gustó la crítica que se le hace. Aunque no se ha dictado la prisión preventiva contra González Valdez denunció que a través de mecanismos ilegales le fueron embargadas sus propiedades para garantizar el pago de dos millones de pesos por daño moral.

En el informe #LibertadNoDisponible: Censura y remoción de contenido en México (2021), Artículo 19 recabó datos de cómo se elimina contenido de Internet con el supuesto de proteger a quienes se señale, lo cierto es que cada vez es más común que se acalle a periodistas o informadores independientes “bajo supuestos legales ambiguos y sin seguir un debido proceso ni cumplir con garantías judiciales”, justo como se hizo con González Valdez. La ley que entró en vigor en Puebla la semana pasada es ambigua, sin fundamento legal para determinar qué es ofensa o agresión y por lo que deba silenciarse a cualquier medio de comunicación o persona que critique al gobierno. Estamos muy cerca de la represión que tanto criticaron morenistas y otros, la población tiene derecho a formarse un criterio propio y sobre todo, a saber sobre cualquier malversación o mala ejecución de los políticos en sus deberes ante la sociedad.

En Veracruz está el caso contra Celia del Palacio, denunciada por Mara Yamileth Chama Villa, excandidata a ocupar la presidencia municipal de Teocelo, en el proceso electoral 2020-2021 y luego en el proceso electoral de 2025, alegando violencia política de género. Las medidas cautelares ordenan a UDGTV Canal 44, la eliminación de una publicación del 26 de mayo donde informan que Mara Yamileth Chama, candidata en 2021 a edil en Teocelo, es hija del entonces Alcalde Mario Chama Díaz.

Ahora lo que vemos y escuchamos en los medios informativos, más que nada de voces virales o famosas, es propaganda del gobierno, ya lo ha mencionado en otras ocasiones Celia del Palacio, la censura está más presente pero la audiencia no se percata. Por otra parte, el recurrir a la violencia de género demerita todo lo avanzado en el tema. Por su parte, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, secretaría de Gobernación, se pronunció en contra de cualquier acto de censura en México y exhortó al Congreso del Estado de Puebla a revisar el artículo 480 del Código Penal local, reformado el 10 de junio de 2025, que establece sanciones por ciberacoso.

El año pasado se registraron al menos siete asesinatos a periodistas en México, en los últimos 25 años han sido 169. Solo para ilustrar, la semana pasada el periodista Andrés Pérez Mendiola, director del medio Portavoz Mx, fue amenazado por el presidente municipal de Cazones, Veracruz, luego de que publicara información que le incomodó. El gobierno sostiene que garantiza la seguridad de los comunicadores; en lugar de esto, los persigue y no sólo limita la libertad de expresión, también actúa contra el derecho a informarse.

DESDE EL CENTRO

En Tabasco la ciudadanía dijo no a la construcción del Museo Nacional Olmeca porque se planea hacer en los parques La Venta y Tomás Garrido y pone en riesgo el patrimonio cultural y la flora y fauna de la zona. El proyecto a cargo del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) abarca 1.47 hectáreas. Los inconformes marcharon contra el proyecto y consiguieron abrir una mesa de diálogo con las autoridades. También, más de 75 historiadores de la entidad emitieron un comunicado en contra del proyecto.

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