Más organizaciones sindicales se suman a la defensa de los trabajadores

CIUDAD DE MÉXICO, 25 de junio de 2025.- En un contexto de creciente incertidumbre jurídica y preocupación por los derechos de propiedad, el Sindicato Nacional de Trabajadores del Infonavit (SNTI) y la Asociación Nacional de Jubilados y Pensionados del Infonavit, A.C., convocaron a todos los trabajadores a manifestarse de forma pacífica, pero firme, a través de un plantón nacional, en defensa de los recursos y derechos de los trabajadores de México.

A esta iniciativa se han sumado diversas organizaciones sindicales de alcance nacional, entre ellas la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC), que han expresado su respaldo total a la causa, coincidiendo en que los derechos de los trabajadores y la seguridad de su patrimonio no pueden ponerse en entredicho bajo ninguna circunstancia. La unión de estas fuerzas sindicales refuerza la legitimidad y urgencia del movimiento.

Rafael Riva Palacio Pontones, dirigente del Sindicato del Infonavit y Galo Enrique Vázquez Álvarez, presidente de la Asociación Nacional de Jubilados y Pensionados del Infonavit, A.C., señalaron que esta decisión surge como respuesta directa a las recientes declaraciones del director general del Infonavit, Octavio Romero Oropeza.

Cabe señalar que Romero Oropeza anunció que, por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, se promoverá la posibilidad de que personas que actualmente ocupan de forma irregular una vivienda deshabitada puedan adquirirla a precios bajos.

Esta propuesta, lejos de representar un acto de justicia social, abre la puerta a la normalización de las invasiones ilegales y al despojo patrimonial, al incentivar la ocupación ilícita de viviendas financiadas con el esfuerzo y ahorro de generaciones de trabajadores mexicanos.

Riva Palacio Pontones subrayó que la legítima preocupación del gremio radica en la protección del derecho constitucional a la propiedad, especialmente cuando esta se ha construido con los recursos de los trabajadores.

La iniciativa anunciada no sólo vulnera la propiedad privada, sino que también pone en entredicho la institucionalidad del Infonavit, al crear incentivos perversos que podrían multiplicar las invasiones de vivienda, promoviendo la ilegalidad en lugar de fortalecer los mecanismos formales de acceso a una casa digna.

Expertos en desarrollo urbano, derecho inmobiliario y economía han advertido sobre los graves riesgos legales, sociales y económicos de esta medida.

La Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI) también expresó su preocupación. Subrayó que decisiones como esta generan desconfianza y ahuyentan la inversión en un sector que aporta cerca del 14 por ciento del PIB nacional. El presidente local de la AMPI, Javier Préstamo Ábrego, señaló que “sin certeza jurídica, no hay inversión” y destacó que la seguridad patrimonial es clave para el crecimiento económico, la generación de empleo y la atracción de capital nacional y extranjero.

Además, permitir la adquisición de viviendas invadidas sin mecanismos de control ni sanciones claras envía un mensaje alarmante a la ciudadanía: el respeto a la ley puede ser reemplazado por la ocupación de facto. Esto representa una amenaza no sólo para los propietarios actuales, sino también para los futuros acreditados, que podrían ver en riesgo su inversión de vida.

La creciente adhesión de organizaciones sindicales como la CROC al llamado del SNTI y de la Asociación Nacional de Jubilados y Pensionados del Infonavit demuestra que este es un tema de interés nacional, que trasciende ideologías y sectores, y exige una respuesta institucional responsable, apegada a la legalidad y al respeto del esfuerzo de millones de trabajadoras y trabajadores mexicanos.