Lavado de dinero y poder

La reciente declaración del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, en la que se señalan presuntas irregularidades cometidas por tres instituciones financieras mexicanas en operaciones que facilitaron el lavado de dinero, representa no solo un golpe al sistema financiero nacional, sino una grave acusación que sacude al corazón mismo del poder político en México.

De acuerdo con la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), algunas de estas instituciones estarían ligadas a exservidores públicos que formaron parte del Gobierno emanado de Morena, lo que da cuenta de una red de complicidades y corrupción que se extiende más allá de lo económico, penetrando en las entrañas del poder político.

Este señalamiento externo, que no es menor ni aislado, debe ser visto como una alerta roja para la estabilidad institucional del país. Mientras el discurso oficial se empeña en presumir una cruzada contra la corrupción, los hechos revelan una realidad muy distinta: un gobierno que ha fallado no solo en erradicar las viejas prácticas del pasado, sino que ha dado espacio para que florezcan nuevas formas de impunidad. Lo que es más preocupante es que estas instituciones habrían sido utilizadas como vehículos para blanquear recursos provenientes de actividades ilícitas, en un contexto donde la supervisión financiera se ha debilitado y la Fiscalía General de la República permanece silenciosa ante estos escándalos.

A esta trama financiera se suma un componente igual de alarmante: el involucramiento de legisladores de Morena en actividades relacionadas con el robo de combustible, mejor conocido como huachicol. La impunidad con la que operan estas redes delictivas, algunas de ellas protegidas por funcionarios o con vínculos directos a estructuras del Poder Legislativo, demuestra que Morena no solo traicionó sus banderas de lucha contra la corrupción, sino que convirtió al poder en un botín personal.

En lugar de depurar sus filas o investigar con seriedad, el oficialismo ha preferido minimizar las denuncias, victimizarse ante la crítica y acusar de “campañas en su contra” a quienes revelan estos actos. Pero el deterioro es evidente. Las instituciones están siendo utilizadas no para servir al pueblo, sino para blindar a quienes han hecho del gobierno un negocio. Los operadores financieros y políticos señalados por Estados Unidos no surgieron de la nada: son producto de una estructura que ha encontrado en el poder una vía para enriquecerse, para encubrirse y para reproducir sus redes de complicidad.

La narrativa del cambio se ha derrumbado. Lo que queda a la vista es la utilización del poder para beneficio de unos cuantos, una transformación que no tocó a las élites corruptas, sino que las recicló y las empoderó. Frente a ello, la exigencia de justicia, transparencia y rendición de cuentas no puede venir solo de la ciudadanía o de actores externos como el gobierno estadounidense; debe venir también desde las instituciones nacionales, si aún aspiran a recuperar su legitimidad.

Porque el verdadero enemigo de México no es el señalamiento internacional, sino la podredumbre interna que desde el poder se niega a ser combatida.

*Presidente Nacional del PRI.