Ley de telecomunicaciones reconoce derecho público de comunidades: CNPI

CIUDAD DE MÉXICO, 30 de junio de 2025.- El Consejo Nacional de Pueblos Indígenas, que agrupa a representantes de 70 pueblos indígenas y el pueblo afromexicano del país, reconoce y celebra la aprobación- en el senado de la República- de la nueva Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión en la que se establece un régimen especial para las concesiones de uso social indígena y afromexicano, reconociéndolos como sujetos de derecho público, como lo mandata el artículo 2° de la Constitución Federal.

El CNPI señaló que esta categoría jurídica reafirma su autonomía y capacidad de gestión, garantiza su acceso directo a concesiones de radiodifusión con base en su identidad, historia y formas propias de organización.

“Las y los integrantes del Consejo, afirmamos que en la nueva Ley, el Estado mexicano establece en su política pública en la materia, un marco normativo que responde a los desafíos actuales en inclusión digital, cobertura universal, pluralidad cultural y fortalecimiento de los derechos colectivos”, indicaron.

Aseguraron que la ley está centrada en la equidad, la justicia territorial y el acceso a servicios de comunicación como condición indispensable para el desarrollo con bienestar.

“El nuevo ordenamiento jurídico reconoce expresamente a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas como sujetos de derecho público, lo que implica un cambio estructural en la manera en que se concibe su participación en la vida nacional. El objetivo es fortalecer la preservación, protección y desarrollo del patrimonio cultural, lingüístico, espiritual y comunicativo de estas comunidades, en condiciones de equidad, dignidad e interculturalidad”, puntualizó el CNPI.

La nueva ley, – aprobado por el Senado de la República el pasado 28 de junio-, prevé procedimientos simplificados y plazos definidos. En el caso de solicitudes de concesiones para uso social indígena o afromexicano, las personas o comunidades interesadas deberán acompañar su solicitud con una constancia emitida por el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), en términos de los lineamientos que establecerá la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones.

Considera que esta constancia acredita el carácter colectivo y la identidad de los pueblos solicitantes como sujetos de derecho público. La Comisión tendrá un plazo de hasta 40 días hábiles para analizar y resolver cada caso, y podrá solicitar información complementaria cuando sea necesario. Esta colaboración interinstitucional fortalece la legalidad, certeza y pertinencia cultural del procedimiento.

El Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, como instancia con presencia territorial y experiencia normativa, participará en la validación del carácter de las comunidades solicitantes, así como en la elaboración de lineamientos que aseguren el respeto a sus derechos colectivos.

De manera complementaria, se brindará asistencia técnica obligatoria a los pueblos y comunidades que inicien procesos de concesión, asegurando su viabilidad desde un enfoque de acompañamiento y corresponsabilidad institucional.

La ley también establece la reserva obligatoria del 10 % del espectro de FM para concesiones comunitarias, indígenas y afromexicanas, priorizando aquellas zonas que históricamente han carecido de cobertura. Esta medida garantiza que las voces y lenguas de los pueblos tengan presencia en el espacio radioeléctrico, no como excepción, sino como parte estructural del sistema nacional de medios.

En cuanto a sostenibilidad, la norma define un nuevo modelo de financiamiento. Las dependencias federales deberán asignar entre el 1 por ciento y el 10 por ciento de sus presupuestos anuales de comunicación social a medios de uso social, con énfasis en los comunitarios, indígenas y afromexicanos.

Además, se permite el acceso a ingresos complementarios regulados, como patrocinios sin fines comerciales y mensajes locales, con límites establecidos para preservar el carácter no lucrativo de estas concesiones.

El enfoque en contenidos refuerza la inclusión cultural desde la niñez. La ley dispone que la programación dirigida a niñas, niños y adolescentes deberá fomentar la difusión de contenidos producidos por comunicadoras y comunicadores indígenas, promoviendo así el reconocimiento de la diversidad como parte de la educación integral.

“Por todo ello, a nombre de nuestros pueblos y comunidades, aplaudimos la decisión y compromiso de nuestra presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, por enviar la iniciativa en materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión donde México consolida el derecho a comunicar desde la diversidad, la equidad y el reconocimiento pleno de los pueblos indígenas y afromexicanos”, destacó.

Este nuevo marco normativo, coloca a los pueblos indígenas y afromexicanos en el centro de la vida comunicativa nacional, con herramientas jurídicas claras, reconocimiento institucional firme y acceso real a los recursos públicos de comunicación.

Se trata de un paso concreto hacia un país que se construye desde sus raíces, con respeto a la diversidad y con una política de Estado que responde a las demandas históricas de quienes han sostenido, con su palabra y su territorio, la riqueza profunda de la nación.