Visión financiera

Concesión fallida, rescate público

La Junta de Caminos del Estado de México (JCEM), dirigida por Ariel Juárez Rodríguez, es una dependencia del Gobierno del Estado de México adscrita a la Secretaría de Movilidad. Su función principal es la administración y conservación de la red de carreteras estatales, incluyendo la gestión de proyectos de infraestructura vial.

Actualmente, la JCEM tiene a su cargo la rehabilitación del Periférico Norte, una vía de comunicación clave en el Valle de México que, durante más de diez años, acumuló baches, drenaje colapsado, alumbrado inservible y un largo etcétera. El deterioro fue producto de la inacción total de la Empresa Mexiquense Conservadora de Vialidades, a quien se le otorgó la concesión de mantenimiento desde 2011, cuando gobernaba Enrique Peña Nieto, y que se mantendrá vigente hasta 2032.

Hoy, gracias a la intervención del gobierno encabezado por Delfina Gómez y al respaldo de varios municipios, se avanza en una verdadera reconstrucción de los 54 kilómetros que van de Toreo a Tepotzotlán. No se trata de un simple maquillaje, sino de una obra profunda que incluye reencarpetado, renovación del drenaje y más de tres mil luminarias nuevas. Un esfuerzo tardío, sí, pero necesario.

Mención aparte merece el componente social que acompaña esta rehabilitación. A través del programa Camineros del Bienestar, el gobierno estatal ha incorporado a personas de sectores vulnerables en las labores de mantenimiento.

Hablamos de exreclusos, madres solteras y jóvenes sin red de apoyo forman hoy parte de los equipos que limpian, bachean y rehabilitan caminos estatales, lo que también representa una apuesta por la reinserción y el empleo comunitario.

En los próximos meses también se intervendrán vialidades como Vía López Portillo, Gustavo Baz, Vía Morelos, Avenida Central, Primero de Mayo y la Vialidad Mexiquense.

Sin embargo, sigue pendiente una rendición de cuentas real a las empresas privadas cuya inoperancia obligó a usar recursos públicos para enmendar el desastre. Porque concesionar no siempre es sinónimo de eficiencia, y cuando no hay supervisión ni sanción, la factura, en dinero, tiempo y confianza, la terminamos pagando todos.

*** Piden que la IA no sea reconocida como autor de obras

La Sociedad de Autores y Compositores de México (SACM) manifiesta su profunda preocupación ante las diversas opiniones vertidas por especialistas en propiedad intelectual, y hace un llamado urgente a un análisis serio, responsable y con pleno respeto a los derechos humanos.

La controversia surge a partir del proyecto de sentencia preliminar del Amparo Directo 6/2025, actualmente bajo estudio por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el cual analiza si una obra creada por IA puede ser registrada como propiedad intelectual, reconociendo incluso a la IA como autora.

“Aceptar como válida esta interpretación sería abrir la puerta a una explotación gratuita de obras generadas por IA, lo que pondría en grave riesgo los derechos y garantías de los creadores humanos”, advirtió la SACM.

Este juicio de amparo se centra en la negativa del Instituto Nacional del Derecho de Autor (INDAUTOR) a registrar una obra generada por inteligencia artificial (IA), donde se pretendía que la IA fuera reconocida como autora.

Es crucial aclarar que, si bien el proyecto preliminar analiza los productos de IA como un bien público y sugiere su explotación gratuita, esta visión inicial, basada en una teoría económica, no podría representar la postura definitiva de la Suprema Corte, ya que, al no ser motivo del Amparo, no puede ser parte de la litis y, por lo tanto, la Corte no debe analizar y menos aún concluir si los productos de IA son susceptibles de considerarse como parte del dominio público.

El proyecto propone confirmar la negativa de registro, argumentando que la creatividad y la originalidad, elementos esenciales del derecho de autor, son cualidades exclusivas del ser humano. Esto descarta que entidades artificiales puedan ostentar la titularidad de derechos morales o patrimoniales, resaltando que autor solo es persona física.

Desde la SACM, advertimos que aún no se conoce la versión definitiva del fallo. Emitir juicios o posicionamientos concluyentes en esta etapa, es prematuro y compromete la seriedad del debate jurídico. Sin embargo, consideramos indispensable señalar que los conceptos aplicados a productos generados con IA deben analizarse con extremo rigor.

Estas interpretaciones podrían sentar precedentes de alto impacto en la defensa del derecho de autor, debilitando incluso las garantías consagradas en nuestra Constitución y en los tratados internacionales que protegen a los creadores.

“Lo que está en juego no es solo un criterio técnico. Es la protección constitucional e internacional de los derechos de autor, como parte integral de los derechos humanos. El peligro de debilitar estos principios es real, y no podemos tomarlo a la ligera”.

La SACM reitera su firme compromiso con la defensa de los derechos humanos de autores. Hacemos un respetuoso llamado a que el análisis de este caso se realice bajo los principios de progresividad, seguridad jurídica y respeto a la originalidad como núcleo del derecho de autor.

Es fundamental recordar que el derecho de autor es parte del sistema internacional de protección de los derechos humanos, reconocido en instrumentos como la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que salvaguardan los intereses morales y materiales derivados de toda producción artística.

Por ello, cualquier criterio o interpretación sobre obras generadas con IA debe respetar este marco convencional, garantizando los derechos adquiridos de los creadores y evitando interpretaciones que puedan debilitarlos.

De manera responsable, subrayamos la necesidad de esperar las consideraciones que se reflejen en el texto definitivo de la sentencia. De lo contrario, se corre el riesgo de generar desinformación y contribuir a una mayor incertidumbre en torno a los derechos de autor.

*** Desacato en Zapopan

El caso de Juan Pablo Magaña Vázquez, director de Ordenamiento Territorial de Zapopan, puede ser uno de tantos casos los cuales justifique la polémica reforma al poder judicial. Y es que cuando un servidor público decide ignorar una sentencia, no solo socava la autoridad de las instituciones, sino que siembra la semilla de la impunidad.

Magaña Vázquez desobedeció una orden del Tribunal de Justicia Administrativa para otorgar el uso de suelo en un predio, lo que derivó en un proceso por desacato y la emisión de una orden de arresto en su contra. En lugar de cumplir, presentó un amparo indirecto el 23 de junio ante el Juzgado Octavo de Distrito, buscando obstaculizar el cumplimiento del mandato judicial.

La audiencia, programada para el 8 de agosto ante la jueza Flor Nayelli Carreón García, será determinante para establecer si el fraccionamiento “El Dosel” en el área natural de El Nixticuil se ajusta al marco legal o si prevalece el privilegio político.

Si se absuelve al funcionario, se corre el riesgo de enviar un mensaje que los mandatos judiciales son eludibles mediante medidas dilatorias. En cambio, si se confirma el desacato, se fortalecerá la confianza en la justicia administrativa y el principio de que nadie está por encima de la ley.

*** Inacción en IMSS-Bienestar

TOMA NOTA *** Todo mundo se pregunta en qué momento van a ser atendidos los problemas que aquejan al IMSS-Bienestar, y es que la ausencia de medicamentos, equipos y mantenimiento ya generan cuestionamientos sobre si a Alejandro Svarch le está quedando grande la tarea encomendada.

El sistema de salud mexicano ya estaba lejos de acercarse a aquellos de primer mundo, sin embargo, en la actualidad el resquebrajo es tal, que ya costó el encargo a María de Jesús Herros, quien se desempeñaba como titular de la Unidad de Administración y Finanzas hasta últimas fechas, según las voces que corren en el Instituto.

La inacción no solo se siente entre los usuarios, también entre los proveedores, pues en casos como el de Ocram Seyer piden que les resuelvan el pago por el aseo de las instalaciones en Campeche, Colima, Quintana Roo y Veracruz, donde prestaron el servicio del 1 de febrero al 31 de marzo, sin que a estas alturas del año obtengan respuesta pese a que dicen haber cumplido con la entrega en tiempo y forma de las respectivas facturas. ¿Se pondrán manos a la obra?