Visión Financiera 

AE Capital, impunidad total 

A cuatro años del mega fraude cometido por la empresa AE Capital, con sede en Puebla, cientos de víctimas en México y el extranjero siguen sin recuperar un solo peso de su inversión. Pese a más de 200 denuncias y múltiples procesos judiciales, los responsables continúan en libertad o prófugos, y hoy existe el riesgo de que una de las principales acusadas, Daniela Martina Berlín Tolentino, obtenga su libertad y el caso quede impune.

El origen del fraude: promesas de inversión y pérdidas millonarias

La empresa AE Capital S.A. de C.V., también conocida como AE Group y AE Forex Trading and Risk Management, inició operaciones en 2017, ofreciendo supuestos servicios de intermediación financiera para inversiones en el mercado de divisas (Forex).

Mediante publicidad en línea, trípticos y recomendaciones, la empresa prometía rendimientos mensuales de hasta el 3.3%, cifras muy superiores a las ofrecidas por la banca tradicional. Los inversionistas eran convencidos de que se trataba de una compañía legalmente constituida, con experiencia internacional y operaciones en varios países.

Las inversiones iban desde $200,000 hasta $40 millones de pesos por persona. Sin embargo, a partir de 2020, los pagos se suspendieron por completo. Las justificaciones de la empresa iban desde supuestas cuentas congeladas por la Unidad de Inteligencia Financiera hasta retrasos administrativos, pero en la práctica el dinero nunca fue devuelto.

El fraude alcanzó una suma estimada de más de 10 mil millones de pesos, dejando a alrededor de 2,000 víctimas sin su patrimonio.

Desde 2021, se han presentado cerca de 200 denuncias por fraude en Puebla contra los socios principales: Luis Antonio Echeverría Fonseca (dueño de la empresa, actualmente prófugo), Gabriel Antuán Ortega Vázquez, Daniela Martina Berlín Tolentino y otros implicados.

A pesar de que se emitieron órdenes de aprehensión contra varios de ellos, solo Daniela Berlín Tolentino y Diego Matías Berlín Tolentino fueron detenidos, permaneciendo en prisión preventiva. Los demás socios han evadido a la justicia y se desconoce su paradero.

Las víctimas han realizado marchas, ruedas de prensa, manifestaciones y solicitudes ante autoridades estatales y federales, pero hasta hoy ninguna persona ha recibido reparación del daño.

Intento de liberar a una de las acusadas

El pasado 31 de julio de 2025, Daniela Martina Berlín Tolentino, esposa de Luis Antonio Echeverría Fonseca, solicitó nuevamente la revisión de la medida cautelar que la mantiene en prisión preventiva.

Su libertad representaría un grave riesgo para las más de 97 víctimas en la causa penal actual, así como para las cientos de personas que aún esperan judicialización de sus casos. Daniela Berlín Tolentino es la única socia detenida y titular de cuentas bloqueadas por la Unidad de Inteligencia Financiera, por lo que existe temor fundado de que, en libertad, huya del país, dejando el caso en impunidad total.

Las víctimas de AE Capital hacemos un llamado urgente a las autoridades judiciales y a la opinión pública para que:

Se evite la liberación de Daniela Berlín Tolentino mientras continúe el proceso.

Se ejecuten las órdenes de aprehensión contra los demás responsables prófugos.

Se garantice la devolución de los recursos defraudados a las víctimas.

La justicia no puede seguir retrasándose mientras cientos de familias siguen esperando la reparación de un fraude que destruyó su patrimonio y que, a cuatro años, sigue sin castigo.

*** Usa firmas falsas para engañar a las autoridades

Ahora resulta que Alejandro Martínez Araiza, secretario general del Sindicato Nacional Alimenticio y del Comercio (SNAC), presiona a sus agremiados para firmar hojas en blanco y presentarlas ante las autoridades laborales como una muestra de que están de acuerdo en el manejo del patrimonio sindical, valuado en 500 millones de pesos en dinero, más una cantidad desconocida en bienes.

Trabajadores del SNAC denunciaron que con esa estrategia, Martínez Araiza pretende cumplir con el requisito legal exigido por las autoridades de que debe informarles sobre el uso de los bienes y el dinero del sindicato.

Por todo ello, solicitaron la intervención de Marath Baruch Bolaños López, secretario del Trabajo y Previsión Social, para que inspeccione cualquier empresa con las que el SNAC tiene contratos colectivos, a fin de verificar los hechos denunciados y las acciones de amedrentamiento de que son objeto los obreros. El SNAC tiene contratos colectivos en compañías tan importantes como Pepsico, Bimbo, Alpura, Sabritas, Ricolino, Comex y otras más de los sectores alimenticio y del comercio.

Informan que Martínez Araiza pretende mostrar falsamente a Adolfo Domínguez Marrufo, director del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral (CFCRL), que los casi 18 mil obreros de ese sindicato fueron informados de forma individual sobre el monto y uso del patrimonio sindical, situación que no es cierta.

Las autoridades del CFCRL le están urgiendo para que cumpla con el oficio que le enviaron desde el pasado 19 de mayo, en el cual le subrayan que no entregó a ese Centro el acta de asamblea en la que se rinda cuenta de la administración del patrimonio sindical, de acuerdo con el artículo 373 de la Ley Federal del Trabajo, a más tardar 10 días después de efectuada la asamblea.

La legislación marca que, incluso, los agremiados deben ser informados por escrito de manera individual, sobre el patrimonio sindical, compuesto por dinero y bienes, cada seis meses, situación que no ha ocurrido.

Los denunciantes señalan que Gabriel Martínez Martínez, secretario general adjunto, medio hermano de Martínez Araiza, y Pablo Vargas Mogollán, secretario general sustituto del SNAC, cómplices del líder, son quienes presionan y amenazan a los obreros para que firmen papeles en blanco, los cuales se presentarán a las autoridades como  un falso censo y acuse de recibo de que los trabajadores aceptan movimientos operaciones y transferencias por un monto de 500 millones de pesos

*** La sombra persistente del desafuero

El proceso de desafuero contra Alejandro Moreno ha vuelto a figurar en la agenda legislativa, esta vez bajo una nueva solicitud con características distintas a la que fue archivada hace dos años. La atención pública y política regresa sobre el líder priista, ahora con cinco denuncias por separado promovidas desde Campeche. Este cambio en el enfoque jurídico obliga a repensar los tiempos y estrategias con que el Congreso procesará una posible remoción de fuero.

Mientras el primer intento se extinguió por razones legales, la nueva solicitud representa un giro con implicaciones institucionales. La Sección Instructora de la Cámara de Diputados, que preside Hugo Éric Flores Cervantes, ha recibido un nuevo expediente que apenas empieza a revisarse en su fase inicial, sin vinculación directa con las causas del pasado. Aunque aún no se ha determinado su admisión formal, el contenido plantea una agenda distinta para los legisladores, que deberán valorar si se cumplen los criterios para continuar con el procedimiento.

El momento político en que llega esta petición no es casual. A pocos meses del arranque de un nuevo periodo ordinario, el caso adquiere peso simbólico dentro del contexto legislativo. Flores Cervantes tiene ahora la responsabilidad de conducir un proceso que será observado desde distintos frentes. El resultado no solo afectará a una figura en específico, sino que puede redefinir la relación entre fiscalías locales y el Poder Legislativo federal.

A diferencia del expediente anterior, esta solicitud parece tener una estructura más compleja. Las denuncias se presentan como independientes entre sí, lo que implica revisar cinco líneas de investigación con base en hechos y tipificaciones penales distintas. La dispersión del caso, lejos de debilitarlo, podría aumentar su carga institucional, ya que exige una evaluación segmentada que alargará los tiempos de resolución.

El Congreso se enfrenta a una disyuntiva: mantener la celeridad que exige la opinión pública o resguardar la legalidad del proceso sin prisas innecesarias. Cualquier paso mal dado podría abrir la puerta a recursos judiciales que anulen el trabajo legislativo, por lo que no se espera una resolución antes del reinicio de sesiones en septiembre. Aun así, los primeros dictámenes podrían estar listos en ese momento, si se avanza conforme al marco normativo.

En este escenario, la Cámara de Diputados tiene la oportunidad de reforzar su papel como contrapeso, alejándose de lecturas partidistas. El tratamiento de este caso requerirá de una postura técnica y políticamente responsable, en especial por la figura que representa el senador Moreno dentro de su partido. No se trata solamente de un procedimiento legal, también es una prueba de institucionalidad para el Congreso.

La evolución de esta solicitud será clave para entender cómo se posicionará el Poder Legislativo ante futuras denuncias similares. En un entorno político cada vez más polarizado, el manejo del desafuero pondrá a prueba tanto la imparcialidad de la Sección Instructora como la madurez del sistema parlamentario. El resultado definirá no solo el desenlace del caso, sino también el precedente que quedará para los próximos años.

*** Urgencia de nueva arquitectura política

TOME NOTA *** México atraviesa un momento clave para replantear su modelo electoral y político. La creación de la Comisión Presidencial marca el inicio de un proceso que puede corregir años de rezago institucional. Al respaldar esta iniciativa, Alfonso Ramírez Cuéllar abre la puerta a un debate que no puede centrarse solo en ajustes administrativos, sino en revisar la estructura completa del poder representativo. 

La reforma no debería ser solo un asunto de técnicos, sino también una respuesta ética ante el desgaste democrático. Lo relevante no es solo lo que se modifica, sino cómo se concibe el rediseño de las reglas del juego. Ramírez Cuéllar propone una ruta con ejes claros: eliminar la reelección, erradicar el fuero y combatir el nepotismo. 

No se trata de gestos simbólicos, sino de cambiar la lógica del poder para volverlo más accesible, responsable y controlado. El verdadero reto será que las mayorías legislativas asuman el costo político de romper con prácticas que han beneficiado a sus propios intereses.