
Pidió México a EU no solicitar pena de muerte a 26 capos trasladados
CIUDAD DE MÉXICO, 13 de agosto de 2025.- Los 26 miembros de la delincuencia organizada trasladados este martes a cinco centros penitenciarios de Estados Unidos, representaban un riesgo permanente a la seguridad pública, aseguró el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch.
En conferencia de prensa la mañana de este miércoles, el titular de la SSPC detalló que dichos internos ligados al crimen organizado, habían conseguido amparos para permanecer en penales de menor seguridad y amenazaban a funcionarios de dichos centros.
“Aún privados de su libertad continuaban dirigiendo actividades ilícitas, mediante visitas, mismas que no pueden prohibirse por respeto a sus derechos humanos, sin embargo, estas interacciones eran aprovechadas para mantener operaciones criminales, amenazar a funcionarios y extender redes de corrupción”, sostuvo García Harfuch.
García Harfuch agregó que existían litios y recursos legales que buscaban su liberación anticipada, lo que representaría un retroceso en la lucha contra el crimen.
“Esta acción se tomó como medida para impedir que desde prisión continuaran ordenando secuestros, extorsiones, homicidios y otros delitos. Es un acto de autoridad resultado de la política de cero impunidad y la coordinación absoluta del Gabinete de Seguridad”, puntualizó.
El titular de la SSPC precisó que, de los enviados a Estados Unidos, cinco permanecían en centros federales y cuatro en estatales, mismos que fueron trasladados a cinco centros penitenciarios de diferentes ciudades estadounidenses.
Desde la Base Aérea Militar número 1, en 11 aeronaves de la Defensa Nacional y una aeronave de la Secretaría de Marina, se realizó el traslado hacia las siguientes ciudades en Estados Unidos:
• 8 a White Plains, en Nueva York
• 1 a John F. Kennedy, también en Nueva York
• 5 a San Diego, California
• 6 a Phoenix, Arizona
• 6 a Dulles, Virginia
Durante la mañanera del pueblo, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que el traslado de 26 miembros de la delincuencia organizada a Estados Unidos, fue una decisión soberana y no una petición del Gobierno vecino.