Busco a mis hijos con el dolor de respirar ante su ausencia: Ceci Flores
MÉXICO, DF., 14 de septiembre de 2014.- A un año del devastador paso de Manuel e Ingrid por el estado de Guerrero, que dejó miles de damnificados, pobladores de la región de La Montaña, una de las zonas más afectadas, son las que menos atención han recibido, asegura el director del Centro de Derechos Humanos Tlachinollán, Abel Barrera.
“Hay comunidades que viven en la intemperie, incomunicadas o que tenían sus casas cerca del río y que aún siguen en albergues”, asegura a Quadratín México.
De acuerdo con datos del Consejo de Comunidades Damnificadas de la Montaña (CCDM), en la región cuatro mil 304 familias resultaron con daños parciales o totales en sus casas, a lo que se suman las afectaciones en sus comunidades.
De acuerdo con la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), 20 mil 755 viviendas de distintos estados del país resultaron con afectaciones diversas, 4 mil 464 con daños menores y el resto sujetas a reubicación o reconstrucción.
En Guerrero 3 mil 701 viviendas resultaron afectadas por los fenómenos meteorológicos que comenzaron el 13 y se intensificaron en plenas fiestas patrias, el 15 de septiembre.
Según datos de la CCDM, en la región de La Montaña el municipio de Malinaltepec fue el más afectado, con 40 comunidades que aún requieren atención. Pero en situación similar se encuentran otros como Acatepec, Metlatónoc, Cochoapa y Tlacoapa.
“Torrentes, caídas, escuelas derruidas que aún no son reconstruidas y con los niños que reciben clases en cobertizos. No hay trabajo para que se resuelva el problema de los puentes colgantes, en una región donde hay muchos ríos. Varios niños deben caminar alrededor de una hora para llegar a sus escuelas”, describe Barrera.
Ante esa situación ayer 13 de septiembre alrededor de cuatro mil personas salieron a marchar en Tlapa de Comonfort para exigir que llegue a la región la inversión prometida para reconstruir las escuelas, los caminos y puentes dañados.
“Eran 37 mil millones de pesos de inversión prometida [en el Plan Nuevo Guerrero] y en La Montaña no sabemos de ese apoyo. Se nota que hay más pobreza y olvido. No se hizo el trabajo comprometido con la gente, todo se hizo en Acapulco, con reuniones en recintos cerrados. Acá no se escuchó a los damnificados, hubo retraso de obras”, expone el director de la organización.
“Hay indolencia de las autoridades, los funcionarios están con una actitud cerrada, las comunidades pidieron un censo y la Sedatu lo niega, entonces la gente no sabe si será tomada o no en cuenta en la reconstrucción. Vemos abandono y desastre, mayor hambre, los niños no van a la escuela y los funcionarios alegan que no han encontrado terrenos”.
Pero no sólo las autoridades federales son las que han incumplido con la asignación de recursos.
“Las estatales no han conseguido terrenos y las municipales no han asumido nuestras demandas y le dan la espalda al pueblo”, señala.
Los acuerdos sólo se dan de manera cupular y las autoridades federales privilegian a las empresas constructoras donde hay negocio, pero hacen de lado a los damnificados, afirma.
También se refiere al informe que desde hace un año prometió el gobierno federal sobre las empresas que incumplieron normas de construcción o construyeron en zonas irregulares, principalmente en la zona urbana de Acapulco, lo que aumentó la devastación de “Manuel”.
“No vemos nada, todo mundo está metido en las campañas y precampañas”, explica, en alusión a que el próximo año habrá elecciones en el estado.
La elaboración del informe fue una orden hecha por el Presidente Enrique Peña Nieto dos semanas después de la tragedia. El 28 de septiembre le pidió al gobernador de gobernador, Ángel Aguirre Rivero, realizar investigaciones para deslindar responsabilidades a nivel local. A nivel federal se lo pidió a la Sedatu y a la Comisión Nacional del Agua (Conagua).
Urge ley de desarrollo urbano
Con una Ley de Desarrollo Urbano los impactos causados por fenómenos meteorológicos serían menores, afirma el Senador panista Francisco Búrquez, quien encabeza la Comisión de Desarrollo Urbano en la Cámara alta.
“Lleva más de 30 años de demora, me siento contento que estemos cerca de los acuerdos, es la gran reforma que falta. La mayor parte de la población vive en zonas urbanas y sabemos la problemática que afecta estos lugares y al bolsillo de las familias”.
Explica a que lo que busca la legislación es orientar de mejor manera el desarrollo de las ciudades, con un modelo más sustentable que dependa menos de desplazamientos de la población.
“Buscamos que en el mismo barrio existan coberturas para la felicidad de la gente, con escuela, trabajo, comercio y todo en un solo barrio y ya no dependan tanto del automóvil ni de la autopista”, dijo el legislador sonorense.
Para los constructores que incurran en irregularidades habrá severos castigos.
“Vienen penas muy fuertes para quien incumpla, provoque o permita este tipo de situaciones en los planes de desarrollo en zonas de riesgo marcadas y quien desde el gobierno permita la actividad de invadir y oriente a la gente a hacerlo”.
Búrquez, quien desde este mes es Vicecoordinador de la bancada panista en sustitución del polémico José María Martínez, dice que ya hay un gran acuerdo entre los diversos grupos parlamentarios en el Senado, en la Cámara de Diputados, en las asociaciones de alcaldes y en la Comisión Nacional de Gobernadores (Conago) para sacar adelante la legislación.
“Una reforma urbana con una profundidad muy interesante para resolver estos problemas de fondo, sabemos que hay otros lugares como Acapulco que son vulnerables y ya tienen errores; en lugares con peligro es donde se ha fincado por omisión, pero la ley plantea prevenir por el futuro”, concluye.