ALDF, sin atribuciones en ley de desapariciones forzadas: Ángeles Moreno

MÉXICO, DF, 20 de febrero de 2015.- La Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) carece de atribuciones para tipificar sobre desapariciones forzadas, afirmó la diputada local María de los Ángeles Moreno Uriegas, luego de que se abstuvo de votar la creación de la Ley para prevenir, eliminar y sancionar la desaparición forzada y la desaparición por particulares en el DF.

“No tenemos atribuciones para votar un asunto así, es una iniciativa que ya tiene el Congreso así. No tenemos atribuciones, para qué votamos algo así, estérilmente”, explicó en entrevista con Quadratín.

El tema de las desapariciones es grave, pero con base en el artículo 122 constitucional y el Estatuto de Gobierno, el Distrito Federal no puede legislar al respecto, aclaró.

-¿Entonces por qué lo aprobaron? –se le preguntó.

-Para lucirse, para que se vea en los medios, para que se diga que están haciendo iniciativas sobre las cuestiones graves de desapariciones forzadas, pero saben que no tendrá efecto -respondió.

 Desconocen cifras en el DF

La priísta fue cuestionada sobre si en la Asamblea Legislativa había datos sobre desaparecidos en el Distrito Federal, pero su respuesta fue “no lo sé”.

También se le preguntó a la perredista Ariadna Montiel, quien en tribuna habló a favor de la iniciativa, si había cifras.

“Yo creo que no, afortunadamente no es un tema tan importante como en otros estados, es más no sé si en esta ciudad haya un caso determinado así, considero que no pero habría que ver”, respondió.

Al preguntársele sobre si había datos de fosas en el DF, dijo que ha habido pocos casos.

“En la ciudad el tema ha sido muy menor, ha habido aparición de cuerpos en la zona de Tlalpan, la desaparición de jóvenes en Bar Heaven que no necesariamente caen en el tema pero puede ser una posibilidad, considero que este no es un tema que pase en la ciudad, pero hay que prevenirlo y tener la ley para ello”.

Defendió la aprobación de la ley que tipifica que a los servidores públicos que participen o autoricen en una desaparición forzada, entendida como la privación de la libertad a una o más personas, o que autoricen a otros a hacerla, o tolere que otros la hagan, seguida de la negativa de reconocer la existencia de tal privación, se les impondrán penas de entre 20 a 40 años de prisión.

“Lo que nosotros queremos en el ámbito nuestro es darle certeza jurídica a quien pase por estas circunstancias”, expresó, y consideró que es mejor prevenir que lamentar.