Abanico

El servicio social en México representa sólo un trámite burocrático en la mayoría de las universidades y centros de educación superior. El cumplimiento de este requisito no apoya a las comunidades y al estudiante se le asignan arbitrariamente y sin sentido trabajos que no tienen relación con su formación profesional.

Así, el llamado servicio social se queda en utópica responsabilidad. Se corta, de hecho, el nexo educación con sociedad. No existe, de facto, la comunión de responsabilidad y tanto sociedad como instituciones educativas se perciben disociadas o ajenas.

Legalmente, el servicio social aparece en la Constitución Política en el Título Primero, Capítulo 1 de las Garantías Individuales y en la Ley Reglamentaria del artículo 5 Constitucional, relativo al Ejercicio de las Profesiones en el Distrito Federal, en el capítulo VII, excluye desde el principio a las personas discapacitadas o mayores de 60 años a realizar este servicio que no opera en todas las carreras.

Sin embargo, sólo el 10 por ciento de las instituciones de educación superior en México planifican el servicio social de sus alumnos y generan acuerdos con entidades gubernamentales y privadas para que se genere un servicio real a las comunidades.

Para ello, las universidades que creen que el servicio social debe entenderse como tal y no como un simple trámite, realiza estudios en las comunidades en las que se inscribe para detectar problemáticas reales de quienes las padecen de manera cotidiana y directa.

Esta investigación previa, basada en observación directa, cuestionamientos y experimentación, se traduce en planes preliminares de solución desde diferentes áreas de especialidad y acciones concretas.

El acercamiento a las comunidades, como Tepoztlán, por ejemplo, marca la pauta de tendencias de asesoría y ayuda, ideas de cómo detonar el crecimiento y soluciones concretas implementadas en cada uno de los casos.

Este tipo de acciones permiten que efectivamente el servicio social sea un “verdadero acto de reciprocidad social a través de los planes y programas del sector público, además de contribuir a la formación académica y capacitación profesional”, de acuerdo a lo señalado en el Reglamento para la Prestación del Servicio Social de los Estudiantes de las Instituciones de Educación Superior en la República Mexicana.

Ahora, después de detectar las necesidades específicas de una comunidad, se deben determinar las profesiones que pueden ayudar a resolver tales problemáticas y en base a esto generar planes concretos de servicio social.

Esto requiere que los planes y programas de estudio realmente respondan a las necesidades sociales. La actualización es un reto continuo. Así, sólo las universidades que tengan un contacto permanente con la comunidad y actualicen de manera continua sus programas de estudio, serán los que puedan asegurar que cumplen, realmente, con las disposiciones de un servicio social productivo, eficiente y digno.

Entre tanto, las instituciones que no se adentren en la investigación y generen soluciones concretas a problemas específicos, sólo continuarán con un trámite burocrático que no incide en la mejora y responsabilidad social, pero que tampoco le permite al profesionista desplegar sus propias destrezas y competencias.