Absuelven a 2 integrantes de la SEIDO

México DF a 19 de agosto de 2014.- Un Tribunal Unitario confirmó este martes la sentencia absolutoria a favor de dos ex trabajadores de la Subprocuraduría Especializada en Investigación contra la Delincuencia Organizada (SEIDO), a quienes se les seguía un proceso por los delitos de Violación a la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, con la finalidad de cometer delitos contra la salud, y Contra la Salud en la modalidad de colaborar de cualquier manera a la ejecución de delitos contra la salud.

Se trata de Miguel Ángel Colorado González, ex coordinador técnico y de Antonio Mejía Robles, ex agente ministerial, ambos de la SEIDO y detenidos en el 2008 como parte de la llamada “Operación Limpieza”.

En febrero pasado un Juez Federal resolvió que no existían pruebas que acreditaran las acusaciones de varios testigos protegidos que acusaban a los exfuncionarios de proteger a los hermanos Beltrán Leyva.

A Colorado González se le dictó sentencia absolutoria por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, en su modalidad de adquirir bienes, depositar y transferir recursos dentro del territorio nacional, con conocimiento de que representan el producto de una actividad ilícita.

En febrero pasado, El Juzgado Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en el estado de Jalisco determinó que las acusaciones en contra de Antonio Mejía Robles y Miguel Colorado González, carecen de valor probatorio.

Los impartidores de justicia consideraron  que las acusaciones del Ministerio Público, no fueron  cotejadas  y confirmadas con pruebas documentales y actos probatorios de hora, lugar y circunstancia, y solo fueron formuladas con base a pruebas testimoniales difíciles de confirmar

Por ello,  no tenían  fundamento jurídico legal, y  la privación de la libertad era  violatoria de la garantías individuales, por ello ratificó la libertad ordenada a través del expediente 250/2008, y sus acumulado 22/2011.

“..Los cargos presentados carecen de valor probatorio, ya que fueron  desvirtuadas durante el proceso  dejando en evidencia que  los testigos colaboradores o protegidos no se condujeron con verdad y declararon sobre hechos que nos les constaban de manera directa”, fue uno de los resolutivos de sentencia dictada por el Juez de Procesos.

“Este órgano jurisdiccional basó su resolutivo además, en determinaciones de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que ha sustentado diversos criterios jurisprudenciales en el sentido de que una prueba cuya obtención ha sido irregular, no puede ser considerada válida, ya que de lo contrario, los inculpados estarían en condición de desventaja para hacer valer su defensa”, argumento en su momento el Juez a través de su sentencia.

La Operación Limpieza

Durante la denominada  «Operación limpieza», en el año 2008, en  la gestión del presidente,  Felipe Calderón  fueron  detenidos 12 servidores públicos, y otros 35 separados de sus cargos.

Personajes como Noé Ramírez Mandujano, ex titular  de la SIEDO, los generales  Tomás Ángeles Dauahare, Roberto Dawe González, Ricardo Escorcia Vargas,  Rubén Pérez Ramírez; el teniente coronel, Silvio Isidro de Jesús Hernández Soto, el mayor Iván Reyna Muñoz;  fueron acusados durante la “Operación Limpieza”, sin embargo todos fueron liberados y exonerados por el poder judicial.

De acuerdo con los antecedentes, reportes de inteligencia presuntamente dirigidos desde los Estados Unidos, las imputaciones en contra de estas personas fueron con base a nueve testigos colaboradores, entre ellos: “Jennifer”, “Felipe” “Mateo” y “Pitufo”, pero al final todos resultaron infundados.

En el año 2013, durante el primer año de la gestión de Enrique Peña Nieto llevó a la Procuraduría General de la República al desistimiento de las imputaciones de los inculpados, de ahí todas las investigaciones realizadas con fundamento a los testigos protegidos se vinieron abajo.

El entonces procurador de la República, Eduardo Medina Mora, informó que Arturo y Alfredo Beltrán Leyva, entonces aliados con el «Cartel de Sinaloa», pagaron entre 150 y 450 mil dólares al mes a funcionarios a cambio de «información reservada» y «datos operativos» de investigaciones y labores de inteligencia en contra del crimen organizado.