Abusan países latinoamericanos del uso de la prisión preventiva

MÉXICO, DF, 1 de octubre de 2014.- Los gobiernos de los países latinoamericanos hacen uso excesivo de la prisión preventiva, fenómeno que contribuye enormemente a la violencia y a la sobrepoblación carcelaria, las cuales podrían ser reducidas si hubiera voluntad política, destaca un análisis que publica este miércoles el sitio especializado In Sight Crime.

De acuerdo un nuevo informe del programa de la Iniciativa de Justicia de Open Society Foundations, en un día normal hasta 3.3 millones de personas en el mundo son detenidas bajo prisión preventiva, y Latinoamérica es el hogar de 975 mil 100 de estos detenidos.

Tan sólo en Latinoamérica más del 40 por ciento de todos los prisioneros permanecen detenidos sin un juicio y, según un análisis del International Centre for Prision Studies (ICPS), seis naciones latinoamericanas y del Caribe se encuentran entre los 20 países del mundo con el mayor número de detenidos bajo prisión preventiva.

En Latinoamérica, Bolivia es el país con más detenciones de prisión preventiva: 83 por ciento del total de la población carcelaria se encuentra detenida antes de un juicio. El siguiente es Paraguay, con 73 por ciento, seguido por Venezuela (64 por ciento), Panamá (63 por ciento) y Uruguay (también aproximadamente 63 por ciento). Una nación del Caribe, Haití, logró entrar en la lista: el 70,6 por ciento de su población carcelaria está compuesta por detenidos bajo prisión preventiva.

Latinoamérica también encabeza el número de detenidos en prisión preventiva por cada 100 mil habitantes, con 107 cada 100 mil, más del doble del promedio mundial que es de 50.

El estudio de OSF encontró que los países con menor ingreso generalmente tienen mayores tasas de detenidos en prisión preventiva. Sin embargo, hay espacio para las anomalías como Uruguay –una nación considerada con ingreso alto por el Banco Mundial.

Según el informe, esto podría explicarse por el hecho de que los países más ricos, que pueden invertir más recursos en su poder judicial, tienden a tener más casos pasando a través del sistema. Esto podría llevar a los mismos problemas que enfrentan los países menos desarrollados: grandes cantidades de trabajos atrasados y prisiones preventivas más largas de lo que deberían.

El estudio también señala que reducir la población detenida bajo prisión preventiva del mundo a la mitad “en teoría, resolvería las crisis mundiales de sobrepoblación carcelaria”. En las Américas, bajaría la capacidad de las prisiones de la región –actualmente a 119 por ciento de su capacidad- a 103 por ciento de su capacidad.

Para reducir el número de detenidos el informe hace algunas recomendaciones entre las que destacan establecer límites legales a las circunstancias, período de tiempo, y el alcance de las detenciones en prisión preventiva; permitir que los jueces se apoyen con alternativas diferentes a esta medida; establecer un valor asequible para los detenidos de todos los niveles socioeconómicos; crear sistemas de revisión obligatorios para los casos de prisión preventiva; aumentar la capacidad de los funcionarios judiciales para liberar a los detenidos.

El informe de OSF brinda una perspectiva muy necesaria en el ámbito de la problemática de la prisión preventiva en Latinoamérica. El uso excesivo de esta medida no sólo fomenta los niveles de violencia y de sobrepoblación carcelaria, sino que también le proporciona a las pandillas de prisión un conjunto de reclutas vulnerables, lo que podría generar que más criminales de poca monta terminen incurriendo en actividades delictivas más graves.

Tres de los países de Latinoamérica y el Caribe que registraron la mayor cantidad de reclusos en prisión preventiva -Venezuela, Bolivia y Haití- también son los países con las cárceles más sobrepobladas del mundo. Según cifras del ICPS, Haití ocupa el primer lugar a nivel mundial: las prisiones del país están 416,3 por ciento por encima de su capacidad.

Estos tres países tienen algo más en común: sistemas penitenciaros por fuera de control. Según un informe citado por OSF, en Venezuela, más de 4 mil 500 presos murieron y más de 12 mil 500 resultaron heridos durante motines carcelarios entre 1999 y 2010.

La crisis penitenciaria de Haití fue resaltada con la reciente fuga en masa de 329 reclusos. Y un reciente motín en una prisión de Bolivia resultó en cuatro muertes y dio lugar a la detención de un director regional de prisiones.

Estos países no son, de ninguna manera, ejemplos independientes. Como señaló OSF, la prisión preventiva ha contribuido a impulsar crisis criminales y de Derechos Humanos a lo largo de Latinoamérica. Además, muchas de las cárceles en la región están controladas en gran medida por poderosos reclusos -a menudo miembros de pandillas- que dictan las reglas en las instalaciones.

Como también es puesto de relieve por las cifras del informe, el uso extensivo de la prisión preventiva es una problemática a la que se enfrentan los países de Latinoamérica, los cuales, en lugar de ver esta medida como un último recurso, la utilizan con frecuencia y, a menudo, de manera arbitraria. Este es un problema particular en México, donde el sistema judicial hace un amplio uso de una medida conocida como «arraigo» -el derecho de detener y retener a un sospechoso antes de presentar cargos. El uso excesivo de la prisión preventiva también alimenta un círculo vicioso: genera una cantidad creciente de reclusos, y por lo tanto hace que sea imposible procesar los casos a un ritmo lo suficientemente rápido como para desatascar el sistema.

Otro problema es el lugar en el que se ubica a los detenidos que están a la espera de ser juzgados. A menudo son recluidos en instalaciones precarias por períodos mucho más largos que los permitidos por la ley. En países como Uruguay y El Salvador, tanto los condenados como aquellos que se encuentran recluidos en prisión preventiva son ubicados en las mismas instalaciones, aumentando la posibilidad de que los sospechosos -que podrían ser inocentes- queden expuestos a criminales de alto riesgo que han sido absorbidos por las pandillas violentas.

Esta ha sido la experiencia de los países del Triángulo Norte -El Salvador, Honduras y Guatemala- donde las redadas masivas a presuntos pandilleros han proporcionado reclutas a las pandillas, ayudando a que estas organizaciones se consoliden dentro de las prisiones.

Como señala OSF en su informe, la problemática de la prisión preventiva no es sólo una cuestión de capacidad judicial. También es un tema de implementación de políticas fuera de lugar, de corrupción y de falta de voluntad política para disminuir la crisis a través del uso de medidas preventivas. Por lo que cualquier solución duradera tendrá que abordar estos factores subyacentes.

(El artículo completo en inglés en http://www.insightcrime.org/news-analysis/mapping-latin-americas-pretrial-detention-populations.)