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MÉXICO, DF a 21 de enero de 2016.- La presentación y localización de la diputada Lucero Guadalupe Sánchez López, ante la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido) podría representar una violación en los derechos humanos y abuso policial por parte de las autoridades.
Para el especialista en seguridad, Javier Oliva, esta retención de la legisladora puede ser utilizada en contra de la Procuraduría General de la República (PGR) debido a que solamente se giró un citatorio para que declare por presuntos nexos con Joaquín Guzmán Loera, El Chapo, por lo que no debió darse una acción policiaca de esta magnitud para llevarla ante el Ministerio Público de la Federación.
“Es muy simple, un citatorio para presentarse como testigo ante la Seido no obliga a la autoridad a implementar un operativo para la detención de esta diputada, ya que cuenta con, por lo menos, una semana para presentarse a testificar, pues no es presentada como procesada o indiciada.
“Este acto puede manejarlo su cuerpo legal como un abuso de autoridad, ya que, a como lo relatan las notas de prensa, la encañonaron frente a sus hijos, por lo que también violentaron sus derechos humanos, esto sería contraproducente, porque este tipo de acciones cuando los llaman como testigos, deben de llegar por sus propios recursos y el día que decidan”, comentó Oliva.
La tarde del miércoles, elementos de la Policía Federal (PF) detuvieron a Sánchez López en la ciudad de Sinaloa para trasladarla a la ciudad de México, con el objetivo de que rinda su declaración ante Seido en calidad de testigo. A la llegada al hangar de PGR, ya en la ciudad de México, poco antes de la medianoche, la diputada mfue acompañada por una mujer policía, embozada, con quien intercambió algunas palabras para posteriomente ser trasladada en una camioneta blanca, para encaminarse a la Seido, sin escoltas para no llamar la atención.
Estando en Sinaloa, según versiones extraoficiales, los uniformados que la interceptaron apenas y le dieron oportunidad de que dejara a sus hijos en casa para después ser llevada al aeropuerto internacional de Culiacán, Sinaloa, donde un jet matrícula XCHIF la transportó a la capital mexicana.
A la diputada se le vincula con El Chapo, después de saberse que lo habría visitado en el Penal de Máxima Seguridad de El Altiplano, incluso se llegó a señalar que fue cómplice de la fuga del capo en julio del años pasado, pero no se le pudo comprobar conexión o delito alguno sobre este hecho, pero sí hay una averiguación previa iniciada a partir de su ingreso al Centro Federal de Readaptación Social Número 1, “Altiplano”, con documentación presuntamente falsa, utilizada para visitar a Joaquín Guzmán Loera.