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MÉXICO, DF, 29 de octubre de 2014.- De aplicarse el criterio de la ministra Margarita Luna Ramos sobre la inconstitucionalidad de la consulta popular en materia energética que impulsa el PRD, éste acudiría a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos y a la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, anticipó el coordinador del Grupo Parlamentario, Miguel Alonso Raya.
Tras celebrarse una primera reunión de la dirigencia del PRD, coordinadores de las cámaras de Diputados y Senadores con el alto tribunal, el diputado Alonso Raya argumentó que de no permitir una consulta ciudadana, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) estaría anulando las facultades del Congreso para hacer una reforma contenida en el Artículo 35 y un derecho humano.
El líder de la fracción del PRD en San Lázaro adelantó que la dirigencia del partido y legisladores seguirán dando la batalla al predictamen de la ministra Margarita Luna, el cual será sometido la próxima semana al Pleno de la SCJN, y de acuerdo a esa interpretación no habría consulta ciudadana para revertir la reforma energética y sus leyes secundarias.
El proyecto de la ponencia de la ministra Luna Ramos plantea anular el contenido del artículo 35 constitucional, con el argumento de que la Constitución no es consultable. De lo anterior, Alonso Raya explicó que el alto tribunal entonces está anulando en la práctica la reforma que se hizo en el Congreso al dicho artículo sobre la Ley Federal de Consulta Popular.
En un segundo punto, la ministra argumenta que el asunto de considerar la reforma con lo que plantea el PRD, afecta los ingresos de la nación, constituida en la Ley de Ingresos Petroleros.
“Lo que nosotros estamos sometiendo a consulta no tiene que ver con la propiedad de la nación, tiene que ver con el patrimonio de la nación, no con el asunto de ingresos y egresos.
El legislador guanajuatense prefirió no adelantar posturas para calificar la actuación de la SCJN y si el alto tribunal estaría acotado al Ejecutivo. “Cuando resuelvan, en ese momento debemos fijar postura de cómo calificamos la actitud de la Corte, de cada uno de los ministros en función de cómo se vote y de qué posición y alternativas tenemos frente a eso”, aseveró.
Aclaró que el problema es el fondo del asunto, no la pregunta formulada en la solicitud de consulta popular. “El asunto es la definición de fondo, de si es de transparencia nacional y si es materia de consulta. Lo que la Corte nos tendría que decir es ajustar la pregunta porque está sesgada, se presta a interpretaciones o induce a una decisión de la gente en un sentido”, expuso.
En su opinión, de definirse la resolución de la SCJN por la que perfila la ministra Luna Ramos, terminaría por agudizar los conflictos de al menos cinco millones de mexicanos, que apoyaron al PRD y a Morena, y la esperanza de la gente de que haya una consulta sobre un tema de, desde su punto de vista, es de trascendencia nacional.