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MÉXICO, DF, 9 de marzo de 2015.- La Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados acordó diferir la discusión del dictamen que expide la Ley General de Aguas, para atender observaciones y evitar desinformación.
El presidente del órgano legislativo, Manlio Fabio Beltrones, confirmó que se pospuso la discusión en el Pleno –prevista para este martes– de la iniciativa del Ejecutivo federal que garantiza el Derecho Humano al agua, misma que afirmó es la suma de esfuerzos de gobierno y sociedad, y no significa privatizar el recurso hidráulico.
“He señalado en distintas ocasiones y sostengo que no hay un sólo elemento que le permita a cualquiera de quienes han expresado su libre opinión, para señalar que es una iniciativa privatizadora del agua”, replicó al término de la sesión.
Detalló que la Jucopo resolvió unánimemente a solicitud de todos los grupos parlamentarios, aunque con distintas expresiones, que se aplazara la discusión por el tiempo que sea necesario, con el propósito que se aclaren dudas y se deje atrás la desinformación que han hecho que algunos políticos en campaña.
En su carácter de presidente de la Jucopo, el líder priista manifestó que se ha escuchado a todos los que desde distintas ópticas muestran preocupación por la iniciativa que crea la Ley General de Aguas.
“Esta es una Ley General que moderniza, lo que todos estamos esperando, que se garantice el derecho al agua”, añadió el legislador sonorense.
Por su parte el coordinador el PRD, Miguel Alonso Raya aplaudió la decisión de la Jucopo por posponer el debate y eventual aprobación de la Ley General de Aguas, lo cual da oportunidad que las Comisiones Unidas de Agua Potable y Saneamiento, y de Recursos Hidráulicos puedan armar un calendario de consultas y reuniones de trabajo con especialistas sobre el asunto de lo que hasta ahora está en el contenido de la iniciativa.
Reconoció a todas las fracciones que integran la Cámara por la propuesta “producto de la prudencia y voluntad para abrir un espacio amplio donde se pueda despejar dudas y no dejar ambigüedades; escuchar razones que ayuden a fortalecer el contenido de la legislación”.
El PT además solicitó un espacio para escuchar a todas las asociaciones civiles y usuarios que tengan dudas “sobre lo que es una inminente privatización del agua potable”; y sobre las atribuciones extraordinarias a la Conagua.
La petista Lilia Aguilar Gil insistió en revisar específicamente tres puntos: la constitucionalidad de la Ley, la privatización que tiene que ver con la constitucionalidad de la Ley, sobre el acceso de las personas y su consumo mínimo; y las atribuciones que permitiría a la Conagua apañar el uso de las aguas y las concesiones.