Atacan casa del subsecretario de Seguridad de Solidaridad, Quintana Roo
MÉXICO, DF, 23de noviembre de 2014.- El Estado mexicano intenta inhibir el derecho humano a la protesta y busca, “por medio de la violencia, generar más violencia para justificar las detenciones arbitrarias y ocultar el verdadero origen de las manifestaciones”, alertaron diversas organizaciones civiles en relación a los hechos ocurridos el pasado 20 de noviembre.
En conferencia de prensa, defensores de derechos humanos apuntaron que el sistema de justicia no debe ser utilizado para inhibir la protesta social y se debe garantizar el derecho a la libre reunión y asociación pacífica.
El director ejecutivo de Cencos, Omar Rábago Vital, anunció que harán un llamado al Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la ONU para que solicite información e investigue los casos de los detenidos el 20 de noviembre durante la manifestación en favor de la aparición con vida de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, Guerrero.
Los activistas denunciaron que no hay información clara respecto a la situación de los 11 jóvenes detenidos en la SEIDO y que ya fueron remitidos a penales de alta seguridad en Nayarit y Veracruz y la imposición de defensores de oficio para impedir una defensa personalizada, entre otras irregularidades.
Consideraron preocupante que las primeras declaraciones del nuevo ombudsman, Raúl González Pérez, fueran en el sentido de avalar el operativo, sin contar todavía con información completa sobre las detenciones.